La PGR y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a funcionarios de la Presidencia de la República, Policía Federal y gobiernos de Sinaloa y Sonora, que recibieron sobornos de la empresa estadounidense BizJet International Sales & Support Inc., para proveer servicios de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves y helicópteros.

La Procuraduría General de la República (PGR) reaccionó después que fuentes estadounidenses revelaran que son seis servidores públicos y pertenecen a la Coordinación Presidencial de Transportes Aéreos: un Coronel, un Capitán del Ejército y un funcionario más; el Director de Servicios Aéreos de Sinaloa, un Capitán de la Policía Federal y un funcionario más de Sonora.

La empresa BizJet fue sancionada por esas prácticas en Estados Unidos y castigada al pago de una multa de 11.8 millones de dólares por violar las leyes de su país y promover sobornos a funcionarios extranjeros, según el Departamento de Justicia del vecino país.

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP), la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales es una de las 24 áreas que constituye el Estado Mayor.

La Coordinación es el área encargada de la planeación, ejecución, supervisión y operaciones aéreas, así como las actividades pertinentes para el transporte seguro del Presidente y comitiva que lo acompañe. El actual titular de la Coordinación de Transportes Aéreos es el general Pablo Bañuelos Márquez.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la PGR es responsable, junto con la SFP, de la indagatoria, que hasta el momento sostiene que los seis funcionarios fueron beneficiados por contratos en que se triangularon recursos económicos a través del Gerente de BizJet, quien actualmente está prófugo.

La dependencia que dirige Marisela Morales Ibáñez identificó la celebración de contratos por más de 20 millones de dólares americanos y otro más por 50 millones de pesos, que presume la justicia estadounidense se celebraron bajo condición de un pago de aproximadamente 2 millones de dólares al intermediario, quien supuestamente entregó a los funcionarios su porcentaje.

Al respecto, la fuente estadounidense sostiene que los sobornos fueron de 50,000 dólares en diciembre del 2008 y 40,000 dólares en abril del 2009, para garantizar los contratos de la empresa BizJet.

Sin embargo, la PGR destacó que la empresa, con sede en Oklahoma, incurrió en estos actos entre el 2004 y octubre del 2009, según versiones de empleados de la empresa BizJet International Sales & Support.

En la averiguación previa, se investiga la posible actualización de los ilícitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, previstos y sancionados en las numerales 222 y 224 del Código Penal Federal, así como otros cometidos por servidores públicos que pudieran acreditarse .

Hasta el momento se ha logrado acreditar los contratos de las dependencias, información contable, facturas, pólizas de cheque y comprobantes de transferencias por concepto de comisión en favor de un intermediario, así como registros financieros, información patrimonial y migratoria de los servidores públicos, de quienes no proporciona nombres.

A pesar de que la Ley Federal de Transparencia establece que una de las obligaciones básicas de las dependencias es presentar los nombres y estructura de los funcionarios, la Presidencia de la República no especifica el nombre del encargado de la Coordinación de Transportes Aéreos.

A FUNCIONARIOS

PAGABA A TRAVÉS DE EMPRESA FANTASMA

La empresa estadounidense Bizjet International Sales and Support Inc., que sobornó a funcionarios mexicanos para obtener contratos de mantenimiento aeronáutico en diversas dependencias, operaba directamente con los involucrados o a través de una compañía fantasma, propiedad de un gerente de ventas de esta empresa quien orquestaba y autorizaba los pagos ilegales, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A través de un memorándum oficial, la dependencia detalló que Bizjet también pagó sobornos a funcionarios empleados por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá.

De acuerdo con los documentos de la Corte, el Departamento acordó aplazar el enjuiciamiento de esta empresa durante tres años.

Además de la sanción monetaria, Bizjet accedió a cooperar con las autoridades en las investigaciones mediante informes que reporten sus esfuerzos para cumplir e implementar un programa de mejora de los controles internos diseñados para detectar violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero.

De continuar con este acuerdo, la oficina de justicia estadounidense descartará la información criminal al término del convenio.

Bizjet maneja también a Lufthansa Technik AG, proveedor alemán de servicios relacionados con las aeronaves.