El Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) divulgó este miércoles su informe final sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en donde señala que se debe cambiar el enfoque de la investigación penal a uno de desaparición forzada.

La instancia internacional de procuración de derechos humanos indicó que, tras revisar 618 tomos proporcionados por la Procuraduría General de la República, se constató que las investigaciones no tienen un hilo conductor.

“Las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral. Como ha señalado este Mecanismo, muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, afirmó.

En este sentido, la CIDH reiteró que se necesita un cambio de “narrativa oficial” y que se descarte la versión del basurero de Cocula. Dicha versión señala que los estudiantes fueron entregados a un grupo de la delincuencia organizada, privados de la vida y posteriormente incinerados en una hoguera abierta en ese lugar entre el 26 y 27 de noviembre del 2014.

El cambio de enfoque se debe realizar “en cumplimiento a las recomendaciones elaboradas por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) (...) La CIDH lamenta que a la fecha no se hayan realizado nuevas detenciones por acción u omisión de actores estatales que podrían haber tenido algún nivel de participación en la noche de los hechos de Iguala”, enfatizó.

El organismo de la Organización para los Estados Americanos recomendó abrir una indagatoria sobre si el Centro de Operaciones Estratégicas del gobierno federal ubicado en Iguala, Guerrero, funcionó en la fecha de desaparición de los normalistas como un centro de detención.

“El Mecanismo Especial encuentra necesario clarificar la participación directa o indirecta de las autoridades en cuanto al mando de este Centro de Control, así como toda la información que llegó a ese lugar y el tratamiento que se le dio posteriormente por la Policía Federal, el Ejército y la policía estatal”.

“Asimismo, si en fechas cercanas a los ataques el Ejército implementó algún operativo de coordinación, como una Base de Operaciones Mixtas Urbanas”, acotó.

Además de señalar que se debe investigar los posibles nexos que mantenían algunos elementos del 27 batallón con el grupo criminal Guerrero Unidos.

En el tema de las policías, la CIDH recomendó al gobierno mexicano que realice investigaciones sobre la participación de elementos de los cuerpos policiacos de las municipalías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla.

Aunado a que recomienda revisar las bitácoras de las policías federal y estatal de Guerrero para constatar los movimientos que realizaron los elementos en la noche del 26 de noviembre del 2014.

Sobre la versión de los autobuses que transportaban droga la misma noche de la desaparición de los jóvenes estudiantes, la Comisión indicó que se debe seguir “profundizando en la información de las asistencias jurídicas internacionales que se mantienen abiertas con el gobierno de Estados Unidos relacionado con el trasiego de drogas y la relación que el trasiego guarda con otras líneas de autobuses, recorridos y diligencias”.

Por último, la CIDH insta que es de primera importancia que se asegure que la normatividad sobre desaparición forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se implementen con efectividad, al tiempo que indicó que continuará dando seguimiento a las medidas cautelares dictadas por el mismo organismo en favor de los familiares de los normalistas y archivadas bajo el expediente MC 409/14 en tanto no se resuelvan los hechos.

hector.molina@eleconomista.mx