La nueva administración que gobernará Baja California deberá enfrentar dos delitos que más aquejan a la entidad: robo de automotores y narcomenudeo, además de uno de los ilícitos que más impacta al país: los homicidios.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer cuatrimestre de este año se han contabilizado 4,924 robos de vehículos, además de 3,280 delitos de narcomenudeo y 911 homicidios.

Cabe recordar que de acuerdo con el ranking del 2018, de las 50 ciudades más violentas del mundo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, Tijuana encabezó la lista con 2,640 homicidios.

Entrevistado por El Economista, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, manifestó que si bien ha disminuido la incidencia de algunos delitos, los homicidios siguen siendo la problemática más grave en la entidad.

En ese sentido señaló que se necesita una mejor estrategia tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender los delitos del fuero federal como de las fiscalías estatales para trabajar en coordinación con la policía local.

“Los homicidios que se registran en Baja California están relacionados al narcomenudeo, 20% de los delincuentes genera 80% de los problemas”, puntualizó.

Por otra parte, dijo que si bien la salud y la educación no pueden revertir la inseguridad en el estado a corto plazo, sí es posible a futuro, por lo que las acciones de seguridad también deben de ir acompañadas de participación y programas sociales.

El académico e investigador del Colegio de la Frontera, Andrés Sumano, consideró que el gran problema para hacer frente a la violencia en el país es que las dinámicas criminales tienen una naturaleza local y al presentar modelos centralizados, como el despliegue de la Guardia Nacional, la fuerza de ocupación es fácilmente rebasada porque debe atender todo el país.

“Estos modelos de fuerza de ocupación no son sostenibles, además las autoridades estatales y municipales transfieren la responsabilidad de seguridad pública a la autoridad federal y no se hacen cargo de desarrollar sus propias instituciones de seguridad locales y por lo tanto las respuestas no resultan ser eficaces”, advirtió.

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