Después de que los partidos políticos se manifestaran por reintegrar una parte o la totalidad de su financiamiento público para la reconstrucción de viviendas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, esto quedó en iniciativas para reorientar dichos recursos al tema de desastres naturales, por lo que quedan dudas importantes que los partidos y legisladores deben resolver, advierte un informe del Instituto Belisario Domínguez.

En el estudio Diagnósticos y Propuestas para la Reconstrucción 2017, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, publicado el pasado mes de julio, se menciona que bajo el actual contexto de contingencia nacional por los daños causados por los sismos no existió un método jurídico para llevar una reintegración del gasto electoral, además de que varias propuestas realizadas por los partidos incurren en alguna falta administrativa.

“El conjunto de propuestas que se ha hecho para reorientar el gasto electoral a labores de reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 septiembre dejan dudas importantes que los partidos políticos y los legisladores deben resolver. En primer lugar, en caso de renuncias muy amplias de presupuesto”, indica el documento.

Agrega que, al renunciar al financiamiento, hubieran puesto en riesgo su registro, así como no tener el dinero para pagar las multas que les haría la autoridad electoral y obligaciones patronales de sus trabajadores.

“Cualquier acción sin reformas electorales o constitucionales podría ser revertida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, hasta el momento, no hay certeza de cómo dichos fondos serán administrados.

“El gasto electoral, aunque importante, es mucho menor a los fondos y programas de reconstrucción y, hasta la fecha, no hay estimaciones precisas del costo completo de la reconstrucción, que podría rebasar dichas cantidades (...) Sería prudente que también se reflexione este tema a la luz de sus consecuencias concretas en el sistema democrático en México”, menciona.

Cabe destacar que entre las iniciativas presentadas tras los sismos estaba eliminar la totalidad o hasta 20 y 50% del financiamiento público de los partidos en actividades ordinarias, específicas y por proceso electoral, y que estos recursos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación, lo que implicaría la recaudación de aproximadamente 6,702 millones 973,351 pesos que serían para la reconstrucción.

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