La Secretaría de Gobernación publicó el decreto de las reformas en materia político-electoral. A partir del hoy, la PGR es ya la Fiscalía de la nación con autonomía, y el IFE se transforma en el Instituto Nacional de Elecciones (INE), aunque ambas instituciones aún tendrán su proceso de constitución en la reglamentación secundaria de la reforma a aprobarse antes del 30 de abril.

El decreto que reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral recuerda también que el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Faculta a los diputados a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo; al Senado, a ratificar la Estrategia Nacional de Seguridad y, en caso de que se trate de un gobierno de coalición, al gabinete, excepto a los titulares de la Sedena y Marina.

Establece la creación del INE y nuevas reglas electorales como la anulación de una elección por rebase de gastos de campaña, y precisa que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios .

Precisa que las constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por cuatro periodos consecutivos.

Establece el aumento en la votación válida emitida para conservar el registro de partido político nacional.

Nuevo IFE hasta que haya comisionados

La reforma político-electoral establece que el Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro de los 120 días naturales, y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las leyes secundarias que el Congreso deberá aprobar a más tardar el 30 de abril del 2014.

El presidente provisional del IFE, Marco Antonio Baños, dijo que el INE se instalará como tal hasta que los diputados nombren a los nuevos comisionados del nuevo órgano electoral.

El IFE aún tendrá que resolver la conformación de nuevos partidos políticos y la asesoría para las leyes secundarias de la reforma política.

En su momento, Baños Martínez precisó que se requieren ahora reglas claras sobre la regulación del artículo 134 sobre publicidad gubernamental en las elecciones; la revisión del modelo de acceso a radio y televisión para partidos y candidatos independientes; el fortalecimiento de la credencial para votar como único documento de identificación para los ciudadanos; garantías para la protección de los datos personales, para la consulta popular con espacios equitativos de discusión en radio y televisión.

También se requieren reglas claras para los debates entre candidatos a cargos de elección popular, para construir el nuevo modelo de fiscalización, para catapultar la política de educación cívica nacional, para delinear el ámbito competencial entre el INE y los órganos locales, y para actualizar la regulación de los delitos electorales.

Entre otros cambios, se establece que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

Se integrará por un consejero Presidente y 10 consejeros electorales y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y tendrá la facultad de atraer elecciones estatales.

Fiscalía general, en espera de ley secundaria

Similar a la transformación del IFE al INE, la reforma político-electoral que ayer fue publicada en el Diario Oficial de la Federación establece que la Fiscalía General de la República (que sustituye a la PGR) se constituirá hasta que el Congreso apruebe las leyes secundarias de dicha reforma, para lo cual tiene como plazo máximo el próximo 30 de abril.

La reforma establece que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria quedará designado como Fiscal General de la República, por lo que Jesús Murillo Karam sería el nuevo titular.

Precisa que los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad que se encuentren en trámite deberán remitirse dentro de los 20 días hábiles a la dependencia del Ejecutivo federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno.

Los recursos humanos, financieros y materiales que la Procuraduría General de la República destine para la atención y desahogo de los procedimientos... serán transferidos a la dependencia que realice funciones de Consejero Jurídico del Gobierno , precisa.

Establece un plazo de 30 días a partir de ayer para que el aún Procurador General de la República expida el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República , precisa.

Indica que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, con personalidad jurídica y de patrimonio propios. El Fiscal General durará en su encargo nueve años.

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