Más de la mitad de los jueces y defensores públicos consideran que los contactos políticos son más efectivos para permanecer en el cargo o ser nominado para un cargo superior, de acuerdo con el proyecto Justice in Mexico, a través de su más reciente reporte.

En el documento Justiciabarómetro 2016. Perspectivas del sistema de justicia penal en México , este programa recoge que la mayoría de jueces (54%) y defensores públicos (65%) y 37% de agentes del ministerio público consideran que los funcionarios con buenos contactos políticos tienen más posibilidades de permanecer en su cargo o de ser nominados para un nivel superior.

Los números revelan asimismo que 4% de los jueces, 70% de los agentes del ministerio público y 58% de los defensores públicos consideran que tener experiencia y formación influye positivamente en la posibilidad de ser ratificados o ascendidos.

Justice in Mexico, programa, de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, llevó a cabo por segunda ocasión el estudio Justiciabarómetro de operadores del sistema de justicia penal en 11 estados del país. Aplicó cuestionarios a 288 jueces, 279 agentes del Ministerio Público y 127 a defensores públicos. El estudio tuvo una tasa de respuesta de 56% y un margen de error de 2.4%, con un nivel de confianza de 95 por ciento.

El estudio recoge que más de la mitad de los operadores del sistema penal acusatorio tienen estudios de posgrado, aunque los agentes del ministerio público lo presentan con menos frecuencia.

Los resultados precisan que 57% de los operadores cuenta con estudios de posgrado terminados, entre los cuales el nivel más alto de estudios se observó en jueces, ya que 63% tiene maestría. En comparación, 30% de los agentes del ministerio público y 44% de los defensores públicos tienen estudios de este grado.

Desde el 2008, año de la reforma en materia penal, Nancy G. Cortés, Octavio Rodríguez Ferreira y David A. Shirk, autores del estudio cuyo título es Perspectivas del sistema de justicia penal en México: ¿Qué piensan sus operadores? , detectan una rotación sustancial entre juzgadores.

Los números arrojan que más de dos tercios de los juzgadores fueron nombrados en algún momento después de las reformas del 2008. Incluso el porcentaje de jueces con menos de dos años de experiencia en su posición aumentó de 13% en el 2010 a 26% en el 2016, mientras que el porcentaje con 10 años o más en su posición disminuyó de 34% en el 2010 a 17% en el 2016.

Asimismo, la investigación revela una gran diferencia en salarios entre operadores, en particular entre agentes del ministerio público y defensores, pues 63% de los jueces gana más de 30,000 pesos mensuales, mientras que la mayoría de los agentes del ministerio público (72%) y defensores públicos (82%) gana menos de esta cantidad. Sin embargo, los resultados indican que un mayor número de agentes del ministerio público tiene acceso a rangos de salarios más altos que los defensores públicos.

El documento expone que, para obtener su cargo actual, la gran mayoría de las autoridades en las tres funciones tuvieron que tomar un examen general de conocimientos, requisito que según las opiniones de los encuestados se cumple de manera más o menos uniforme.

Con el objetivo de cuantificar la imparcialidad de los jueces, se preguntó que, si al desempeñarse en su cargo, algunas veces deben considerar aspectos políticos, morales, económicos, etcétera.

Tratándose de aspectos políticos, 9% de los jueces reportó que en ocasiones debe considerarlos al desempeñarse en su cargo.

Sobre la profesionalización del sector judicial, el proyecto Justice in Mexico sugiere que los gobiernos, federal y estatales, canalicen recursos a los colegios de abogados para revisar sus planes de estudio y crear programas especiales con el fin de que los profesionales jurídicos adquieran la formación y la educación necesarias para operar dentro del sistema oral adversarial.

Otra posibilidad que proponen los especialistas sería que el Congreso de la Unión ordene que todos los jueces, agentes del ministerio público y defensores públicos deban obtener una capacitación específica para ejercer la ley bajo el nuevo sistema, o un número específico de horas de educación continua cada año.

Justiciabarómetro

Consiste en una serie de estudios que evalúan las percepciones de operadores a través de encuestas, entrevistas, e investigación.

  • La encuesta se implementó en 11 estados de la república del 21 de abril al 17 de julio del 2016.
  • Se realizaron 706 encuestas: 288 a jueces, 279 a agentes del ministerio público y 127 a defensores públicos.
  • 90% de los operadores reportó haber tomado un examen general de conocimientos para obtener su puesto.
  • 92% de los operadores mencionó que su institución les exige tomar cursos de actualización.
  • 57% de los operadores tuvo que realizar un examen de control de confianza.
  • 12% de los operadores pertenece a una barra o colegio de abogados.
  • 9.4% de los jueces reportó que, al desempeñarse en su cargo, algunas veces debe considerar aspectos políticos.
  • 89% de los operadores considera que el sistema tradicional necesitaba ser reformado.

ana.langner@eleconomista.mx