El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional por la reducción de los recursos que le fueron asignados y por inconformidad con la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La institución comunicó que apoya y se alinea con las políticas del Gobierno Federal que siguen los principios de austeridad y disciplina en el gasto público, pero puntualiza que estas acciones específicas limitan el ejercicio efectivo de su tarea primordial: proveer a la población mexicana y al Estado de información estadística y geográfica veraz, oportuna y de calidad.

A través de un comunicado de prensa el Inegi afirmó que la demanda presentada se justifica debido a que se estableció “un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica”, mismo que le impide al órgano autónomo cumplir con sus funciones y que violenta su autonomía financiera y su independencia económica.

Agregó que el recorte del monto total de su presupuesto se decidió sin antes realizarse un análisis acerca de las consecuencias e implicaciones de supone dicha reducción. 

Respecto a la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y a la aprobación de los tabuladores para el personal del Inegi, comunicó que carecen de definiciones certeras para el cálculo de los servidores públicos de la institución, tomando en cuenta su carácter autónomo y su alta especialización técnica.

El Inegi especificó la importancia de que las autoridades pertinentes delimiten el ámbito de la aplicación y la normativa de dichas acciones. El instituto asegura que la interposición de la demanda sólo busca defender su autonomía y garantizar el cumplimiento de sus facultades.

Aseguró también que se mantendrá al margen de la determinación que emita la SCJN y reiteró que respetará y se ordenará con el marco constitucional y las disposiciones legales que están vigentes en México.