El colectivo #NoMásDerroches (integrado por organizaciones como Causa en Común; Consejo General de la Abogacía Mexicana; Coparmex, Mexicanos Contra la Corrupción y México Unido Contra la Delincuencia, entre otras) ha promovido cerca de 147 juicios de amparo contra la decisión del actual gobierno federal de cancelar el Nuevo aeropuerto Internacional de México que se construía en Texcoco, y ha obtenido dos resoluciones judiciales.

En la primera, el 7 de junio, el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México concedió una suspensión definitiva que obliga a las autoridades federales a abstenerse de continuar con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que existan las autorizaciones necesarias, y que se aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural en el predio donde se pretende construir.

La segunda resolución ocurrió el 11 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó al gobierno federal detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que cuente con los estudios de seguridad a los que se refieren la Ley de Aeropuertos y su reglamento. Además, ordenó que se mantengan las obras del Nuevo aeropuerto Internacional de México (NAIM) de  Texcoco sin que sean destruidas. En estos procedimientos, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberán presentar ante los jueces los dictámenes de impacto ambiental y aeronáutica de Santa Lucía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el viernes pasado que el proyecto de Santa Lucía seguirá adelante porque tendrá todas las autorizaciones de seguridad y ambientales; dijo que si sus “adversarios” lograran detener la obra mediante acciones judiciales, él exhibirá públicamente a quienes promueven los amparos.

“Sí, sabemos que es una estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley, entonces no pueden aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, pues hay instancias, y lo más que lograría serían demorar el proyecto, eso es lo único”.

Ante las declaraciones del mandatario, colectivos de abogados demandaron al presidente de la República respetar y no presionar resoluciones del Poder Judicial, como tampoco inhibir el derecho de los ciudadanos a inconformarse ante la decisión de su gobierno de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y pugnar para que, en su caso, se garantice la viabilidad del proyecto de Santa Lucía.

Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico en Mexicanos contra la Corrupción y promotor de amparos en contra de la cancelación del NAIM desde el colectivo #NoMásDerroche, opinó que los ciudadanos tienen derecho a recurrir al Poder Judicial, porque es la autoridad encargada del control constitucional del país.

“En una nación sin división de poderes y contrapesos no puede existir democracia. Defendamos a nuestros jueces, a la independencia y a la autonomía judicial. Ellos son los únicos facultados para hacer un control constitucional de las decisiones administrativas. #NoMásDerroches”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que también fue promotor de un recurso contra la cancelación del NAIM. “A México no le conviene la construcción de Santa Lucía, y que lo ya edificado con recursos públicos en NAIM sea destruido. Confío en que pronto, a través del Poder Judicial, la razón se imponga”, comentó.

Mientras que la Barra Mexicana del Colegio de Abogados respondió que la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocen la garantía de todo ciudadano a interponer juicios de amparo.

“Consecuentemente, consideramos inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante declaraciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan el Poder Judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas estas acciones atentan contra el Estado de derecho”, pidió en un comunicado.