El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar a conocer el número de empresas contratadas para implementar medidas de prevención y seguridad.

En un comunicado, precisó que el Fondo, organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob), tendrá que precisar el tipo de contratación y las versiones públicas de cada instrumento jurídico, correspondientes del 25 de junio de 2012 al 6 de diciembre de 2017.

En respuesta al solicitante de la información, el sujeto obligado señaló que el pronunciamiento afirmativo o negativo de contrataciones con alguna empresa era reservado, porque pondría en riesgo la vida, la seguridad o salud de las personas en cuestión.

Inconforme con la clasificación, el peticionario interpuso un recurso de revisión ante el Inai; mientras que en fase de alegatos el Fondo reiteró su respuesta inicial.

Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana afirmó que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México atraviesan por una situación de vulnerabilidad, por lo que el Estado requiere la contratación de servicios de actores privados para garantizar de manera más efectiva y eficaz su seguridad.

En el análisis del caso, se determinó que el pronunciamiento sobre la cantidad de empresas contratadas por el Fondo y el tipo de contratación no pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas, porque no haría identificable a los proveedores ni a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Tampoco daría cuenta de las medidas implementadas en el marco del mecanismo de protección.

“La transparencia en este caso permitirá conocer la cantidad de actores del sector privado involucrados en labores relativas al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; además de los montos económicos destinados para este fin, así como tópicos generales de la contratación”, puntualizó la comisionada Cano.

Finalmente, el pleno del instituto modificó la respuesta del Fondo y le instruyó dar a conocer el número de empresas contratadas, precisando el tipo de instrumento, así como entregar una versión pública de los contratos, en la que deberá proteger a proveedores, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.