Los altos niveles de delitos como desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y asesinatos le cuestan a México 422,390 millones de pesos anuales, según refirió el estudio “Los costos de la impunidad”.

Según el documento presentado este martes por los investigadores Patricia Obeso, excolaboradora del Instituto para la Economía y la Paz, y Alejandro Anaya, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), para llegar a esa cifra se analizaron factores como los costos económicos que genera cada asesinato en el país.

“Las crisis (de inseguridad) no son sólo cifras y estadísticas. Conllevan historias de personas, de familias, de grupos y, en algunos casos, de comunidades enteras que han sido violentadas en maneras y grados distintos. Algunas son más visibles que otras, pero todas han generado grandes costos tangibles e intangibles tanto para las víctimas y sus familiares como para sus comunidades, regiones y el país entero”, se precisó en el informe.

El documento enfatizó a la impunidad como factor preponderante para que se presenten los altos niveles de inseguridad.

Además, el informe indica que por cada punto porcentual que se le lograra disminuir a la impunidad, se tendrían, en promedio, hasta 173 personas desaparecidas y 182 víctimas de desplazamiento forzado menos al año.

Según las estimaciones realizadas por los investigadores, en caso de que la impunidad en el país —entendida como aquella que se deriva de los casos de delincuencia que no son resueltos por las autoridades— se hubiera reducido 10% entre el 2007 y 2018, se habrían prevenido 20,760 desapariciones, alrededor de 56% de las registradas en el mismo periodo.

Mientras que calculan que las más de 20,000 desapariciones de las que se tiene registro dejaron pérdidas por 10,226 millones de pesos, correspondientes a los salarios de las personas extraviadas.

“La epidemia de homicidios y desapariciones han generado pérdidas importantes en capital humano. Estudios sugieren que 182,306 jóvenes no terminarán la secundaria a raíz de esto, lo cual se traduciría en una pérdida salarial de 7,792 millones de pesos”, indica el documento.

Alejandro Anaya, académico del ITESO, mencionó que uno de los factores clave para que prolifere la impunidad sobre los delitos es que no se ha invertido en las capacidades de investigación de las policías.

“Hablemos de ministerios públicos, hablemos de policías investigadores y de peritos; entonces, estas tres piezas de ese sistema (de justicia) efectivamente tienen capacidades muy bajas, muy limitadas”.

El investigador precisó que incluso por número de ministerios públicos, de peritos y policías hacen falta muchos en el país de acuerdo con la cantidad de población que hay.

“Si te pones a ver los niveles salariales, también son muy bajos (...) Tienen una sobrecarga de trabajo brutal todos estos funcionarios, entonces, no se dan abasto”, dijo.

Por su parte, Patricia Obeso indicó que aún hay temas en los que, pese a que se ha generado una discusión sobre ellos, no hay conclusiones claras como la reparación del daño a las víctimas.

“Por ejemplo, la reparación del daño a estas familias desplazadas que perdieron todo a causa de la impunidad, del miedo, de que se tuvieron que ir, eso por un lado”, indicó.

La investigadora añadió que es necesario observar en qué se gastan los recursos públicos en temas de seguridad, ya que no se trata de gastar más en general sino invertir en áreas específicas, como la investigación criminal, más ministerios públicos, entre otros.