Con el fin de reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y el contenido de la comunicación gubernamental que se difunde en los diferentes medios de comunicación por la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, la Cámara de Diputados analiza expedir la ley federal de comunicación gubernamental.

Javier Corral Jurado (PAN), presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja y promovente de la nueva ley, considera necesario el establecimiento de normas puntuales que regulen la publicidad de los tres niveles de gobierno.

Es fundamental, dijo, evitar que la comunicación gubernamental se convierta en un instrumento para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales.

La comunicación gubernamental es la publicidad institucional en forma de campañas y spots destinados a la información sobre los servicios y acciones del gobierno, detalló el panista, a diferencia de la propaganda gubernamental que vende o convence a los consumidores , que no pueden ser los ciudadanos, con respecto a las propiedades de un producto exaltando sus virtudes y soslayando sus defectos.

De ahí que la comunicación gubernamental, amplió, debe ser evaluada y normada a partir de sus repercusiones directas ante la ciudadanía, es decir, de sus fines y expresión en el contenido, y de los costos y recursos públicos aplicados en su producción y transmisión.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

A decir de Corral Jurado, se requiere ubicar el concepto de comunicación gubernamental para dejar de lado al Estado anunciante o propagandístico que corre el riesgo de dar un giro negativo a su relación con la ciudadanía al transformar la finalidad fundamental de atender el derecho a la información de los ciudadanos y la responsabilidad de informar sobre los actos de gobierno que les afectan, en relaciones con audiencias mediatizadas a través de los eslogan o mensajes telegráficos que no sólo no sirven a la ciudadanía, sino desgastan la credibilidad del propio Estado.

La iniciativa sugiere prohibir que un medio de comunicación pueda recibir más de 20% de la inversión anual en comunicación gubernamental, así como que a algún medio de comunicación se le pueda adjudicar un porcentaje mayor a 40% de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña.

Ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario de 30% del presupuesto destinado a una clase de medios de comunicación , indica la propuesta en su artículo 48, de un total de 64.

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