La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se prohíbe que ningún funcionario gane más que el presidente.

La admisión, a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán del recurso promovido el pasado 22 de noviembre, busca que se declaren inconstitucionales diversas disposiciones de la norma publicada el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con la SCJN, el organismo nacional solicitó declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como los 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal.

La CNDH pidió, además, que la Corte, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la ley impugnada.

“En el acuerdo de admisión se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación”, detalló la SCJN.

Asimismo, Pérez Dayán acordó dar vista a la Procuraduría General de la República a fin de que antes de que cierre la instrucción, formule el pedimento que le corresponde.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ley impugnada se aparta de lo que manda la Constitución y diversos instrumentos internacionales firmados por México, por lo que decidió someterla al máximo tribunal para que éste determine su validez.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la ley no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, explicó.

Entre las disposiciones impugnadas están las bases en la que se determina la remuneración de los servidores públicos y en las que se especifica que ninguno podrá recibir una remuneración superior a la establecida para el Ejecutivo federal en el Presupuesto de Egresos.

Además de que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, sólo con las excepciones que desempeñe varios puestos y cuente con el dictamen de compatibilidad; se derive la remuneración del contrato colectivo o realice un trabajo técnico calificado o de alta especialización.

Entre otras disposiciones impugnadas, está la estipulada en el artículo 12, que limita la concesión de créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones, cuando el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo así lo permitan.

De igual manera, la CNDH consideró que es inconstitucional que cualquier persona pueda formular denuncia en las instancias de control interno de las dependencias de la administración pública federal, sobre conductas de los servidores públicos que sean contrarias a las disposiciones de la ley, a fin de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

La CNDH refirió que para elaborar la acción de inconstitucionalidad realizó un estudio de la ley, además de recoger planteamientos y opiniones de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes denunciando su posible inconstitucionalidad.

Puntos importantes de la impugnación

  • La CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de 10 de los 17 artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
  • Para el organismo nacional, la normativa se aparta de la Constitución y de tratados internacionales signados por México
  • Alrededor de 1,190 personas manifestaron a la CNDH sus inquietudes sobre la ley y requirieron promover la acción ante la SCJN
  • El organismo impugnó las bases en las que se determina la remuneración de los servidores públicos y en las que se define que ninguno podrá ganar más que el presidente de la República
  • Consideró también que es inconstitucional que los servidores públicos estén obligados a reportar a su superior cualquier pago en demasía sobre lo que le corresponda, según las disposiciones vigentes
  • La CNDH impugnó el artículo 17 en el que estipula que si el beneficio que se obtenga en contradicción de la ley no excede el equivalente a 1,000 veces el salario diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años
  • Si el beneficio supera el equivalente a 1,000 veces el salario vigente en el Distrito Federal, será entonces acreedor a la destitución e inhabilitación de cuatro a 14 años