El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, consideró que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no impugna el acuerdo presidencial para el uso del Ejército en tareas de seguridad por los próximos cinco años, la vía del amparo es el camino para que el máximo tribunal resuelva si es constitucional o no el acuerdo.

Dijo que si bien la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional facultó en el artículo quinto transitorio al presidente para disponer de las Fuerzas Armadas por cinco años, el acuerdo presidencial del 11 de mayo demostró que no funcionó su idea de crear un nuevo cuerpo policiaco, por lo que ahora recurre a la militarización de la seguridad.

“Desde luego va a haber tiempo (para consolidar la Guardia Nacional, pero) lo que resulta muy peligroso es que ya se haya utilizado a la Fuerza Armada en esas funciones; eso sí me parece muy peligroso porque es militarizar al país, con toda franqueza”.

Indicó que si bien los elementos del Ejército y la Marina ya estuvieron en las calles durante los dos sexenios anteriores, el acuerdo hace explícita su participación.

“Es un hecho que ya estaba, pero lo estaban (haciendo) irregular, no estaba claro qué estaba haciendo el Ejército. Ahora ya sí está clarísimo: tiene un mandato específico por parte del presidente, tiene esta evocación de policía, se está utilizando ahora para efectos de sacarla a la calle, darle un mandato completo. Creo que ahora sí ya estamos en una condición completamente regular, lo que antes era poco irregular, teníamos dudas, eran sombras, ahora sí ya quedó completamente claro que estamos frente a un uso policiaco del Ejército”, planteó.

El ministro Cossío Díaz estimó que los elementos castrenses, al carecer de una ley específica que regule sus tareas de seguridad, están muy comprometidos en sus tareas, porque en tiempos de paz estarán sujetos al fuero civil, no al militar.

Refirió que si la CNDH no contraviene el acuerdo presidencial, es complicado que existan actores legitimados para impugnarlo; aunque existen recursos como el amparo, por el que este tema podría llegar a la Corte.

“Supongo que sí habrá organizaciones que lo impugnarán”, apuntó.

“Como controversia (constitucional) tendrían que sentirse afectados la CNDH, que francamente no veo que vaya a promover una acción en este momento (...) No veo qué Gobernador o Congreso, entonces creo que sería la posibilidad a través de amparos”.

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