La implementación de la iniciativa presidencial en materia de desaparición forzada de personas, que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, costará al menos 179 millones de pesos, de acuerdo con el impacto presupuestario elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El estudio precisa que la PGR necesitaría para el 2016 un presupuesto extra de 101.1 millones de pesos para la creación de 48 plazas y para el diseño y puesta en operación de las herramientas informáticas para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y para el Registro Forense, que proporcionará apoyo a la búsqueda e identificación de las víctimas.

Esto además de 78 millones de pesos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, derivado de la creación de 127 plazas para proporcionar ayuda y atención a las víctimas y ampliar la cobertura en las delegaciones para el establecimiento de módulos de atención.

Advierte que las nuevas atribuciones y actividades que la iniciativa mandata propiciarán mayores gastos a algunas dependencias locales y federales, así como para las entidades federativas.

Peña Nieto también propone la creación de unidades especiales a nivel nacional adscritas a la PGR que podrán hacer partícipes a los familiares de las víctimas durante los procedimientos de búsqueda. Contempla los procedimientos especiales que permitirán que cualquier persona levante un reporte a través de un número único sin costo a nivel nacional y bajo el principio de protección de datos personales. Incluso las oficinas consulares podrán recibir solicitudes de búsqueda de los familiares de los desaparecidos.

Sugiere también la puesta en marcha de un Consejo Nacional Ciudadano como un órgano de consulta y que esté integrado por familiares de las víctimas, especialistas y representantes de organizaciones civiles, quienes no recibirán remuneración por su trabajo.

La iniciativa que este lunes se prevé que el Senado envíe a comisiones distingue los delitos la desaparición forzada de personas, la desaparición por particulares y los delitos vinculados.

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