El sector empresarial llamó a una profunda y profesional revisión del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México y evitar que se vuelva un instrumento para consignar aspiraciones, agendas y programas partidistas, ideológicos o de grupo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que en la revisión del texto propuesto debe tomarse como principio rector la teoría constitucional clásica, que marca a la Constitución como un acuerdo fundacional de cualquier sociedad y, como tal, limitado a los postulados que se requieren para la vida en común.

Hagamos que esta sea una Constitución ejemplar, en el texto, pero también en su capacidad real de garantizar los derechos ciudadanos fundamentales y realmente servir, en los hechos, al bien común, con certeza jurídica para todos , argumenta.

Ratificó el apoyo del sector privado de dar nuevo estatus jurídico a la capital del país, pues el proceso de su diseño en una gran oportunidad de generar un estatuto modelo, como corresponde a una urbe de estas dimensiones e importancia, capital de todos los mexicanos y sede de los Poderes de la Unión.

Sin embargo, subraya, debe evitarse que este ejercicio político se vuelva un instrumento para consignar aspiraciones, agendas y programas partidistas, ideológicos o de grupo, más aún si se incorporan propuestas que resulten inviables o que vulneren otros derechos, como efecto colateral.

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La Constitución, dijo, debe ser incluyente y sustentarse en ejes rectores que otorguen certeza jurídica, respetando por igual los derechos de todos los ciudadanos y con bases sólidas para la gobernabilidad, viabilidad funcional y operativa para el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la legalidad.

Al dar a conocer el posicionamiento del CCE ante la Constitución de la Ciudad de México, consideró fundamental asegurar el desarrollo de las actividades económicas, sin imposiciones que la entorpezcan innecesariamente.

En el marco de los plazos establecidos para presentar observaciones al texto propuesto, expuso que el CCE, en conjunto con los organismos empresariales agrupados en el G-9 de la Ciudad de México y la Barra Mexicana de Abogados, presentan un documento con propuestas y principios que, desde su perspectiva, deben explicitarse en la Constitución.

Para Castañón, dicho documento pone un acento importante en la vertiente económica, a fin de contribuir a alentar el crecimiento, la inversión y un entorno favorable para la apertura y operación de empresas y negocios, y por tanto la generación de empleos.

Sin embargo, el principal interés del sector privado es que se dé toda la atención necesaria a asegurar la certeza jurídica y a un adecuado balance de la Constitución en cuanto a derechos, obligaciones y facultades y capacidades para que puedan ejercerse en los hechos, sin contradicciones.

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El presidente del CCE señala que en particular, hay seis asuntos que es fundamental revisar en el proyecto la Constitución de la Ciudad de México.

En cuanto al primero, subraya, la Constitución debe considerar explícitamente el fomento a la industria, el comercio, la prestación de servicios y el turismo, como actividades que permitan generar empleos en beneficio de la comunidad y en favor de una justa distribución del ingreso y la riqueza.

En su opinión, en el texto actual, falta precisar el reconocimiento a la libre iniciativa de las personas y las empresas como motor fundamental del crecimiento económico que garantizará mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos, y también es fundamental proveer de manera explícita condiciones propicias para promover el crecimiento y la competitividad.

En segundo lugar, el sector privado ve con preocupación que a lo largo del texto se plantea un modelo de gobierno que otorga primacía a objetivos sociales que podrían contraponerse o incluso quedar por encima de las libertades y derechos individuales de los ciudadanos.

El dirigente empresarial refiere que de particular preocupación resulta el que se entronice un interés social vago, sobre el interés público, inquieta que pueda abrirse la puerta a cuestionamientos sobre la propiedad privada, base fundamental de nuestro Estado de derecho .

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Así, es conveniente que en la Constitución se señale expresamente que el ejercicio de los derechos individuales o colectivos no puede ni debe atacar los derechos de terceros, significar la comisión de algún ilícito o perturbar el orden público, so pena de sancionarse por la ley de la materia correspondiente, ya que el Estado no debe permitir la impunidad.

Como tercer punto a revisar, menciona que en todas las manifestaciones de la libre expresión reconocidas por la legislación, es indispensable que se señale expresamente que el ejercicio de los derechos no debe afectar los derechos de terceros.

En cuarto lugar, sostuvo, resulta inaceptable que, mediante el reconocimiento y el otorgamiento de derechos y prerrogativas al comercio ambulante, se legitime una actividad que resulta ilegal, al privatizar así constitucionalmente el espacio público.

Menciona que no hay en la iniciativa un mecanismo que postule una transición hacia la formalidad de esta actividad y se crea un incentivo perverso para la perpetuación de la informalidad.

No podemos legalizar y dar carta de pleno derecho a lo que es irregular por naturaleza. Más aún, ante el desafío de que cerca de 75 por ciento de la incautación nacional de piratería se realiza en la Ciudad de México .

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Como quinto punto, el presidente del CCE refiere que existen diversas iniciativas relacionadas con consultas vinculantes en materia ciudadana, marchas y manifestaciones, plusvalías de inmuebles, y uso de suelo, entre otras, que pueden desincentivar de forma grave la inversión en la ciudad, la generación de empleo y la movilidad social.

Por último, dijo, hay que destacar que el proyecto invade atribuciones que competen al ámbito federal, como en disposiciones en áreas como derechos laborales, comercialización de alimentos y relaciones de consumo entre proveedores y consumidores, que ya son reguladas a nivel federal y, por tanto, no pueden ni deben ser abordadas en esta norma.

mfh