Tras la hegemonía obtenida por Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la obtención de la Presidencia de la República de la mano de su fundador Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el sector empresarial están llamados a ser los principales contrapesos del nuevo gobierno, coincidieron expertos.

El pasado jueves, en la Cámara de Diputados la fracción parlamentaria de Morena, con la utilización de su mayoría, aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la primera norma ante la eventual renovación del Poder Ejecutivo y una de las promesas de campaña de López Obrador.

La ley turnada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor es el primer nodo de la campaña de austeridad en las instituciones públicas al empezar con la reducción de los salarios de los altos mandos del servicio público.

En la sesión, los partidos de oposición a la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social) coincidieron en aprobar en lo general la ley; sin embargo, impugnaron la totalidad de sus artículos con el objetivo de modificar su redacción al considerarla con inconsistencias, como que las sanciones administrativas a los servidores que incumplan la norma se impondrán con respecto a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, derogada el año pasado.

No obstante, Morena y sus aliados desecharon todas las reservas a los artículos para que se aprobara tal y como fue enviada por el Senado de la República en el 2011.

Para el investigador del Tec de Monterrey José Fernández Santillán, el mensaje dado por López Obrador de que iban a negociar con otros partidos aun cuando son mayoría, y que no se impondrían a éstos, es poco probable que sea una realidad en los hechos.

“Con esta manera de actuar sí es una imposición y eso es una imposición autoritaria porque hacer uso de esa manera de la mayoría recuerda las peores épocas del autoritarismo presidencialista que subordinó al Congreso a los dictados del presidente de la República”, indicó Fernández Santillán.

El politólogo añadió que las organizaciones de la sociedad civil y el Poder Judicial son los actores naturales que deben fungir como contrapesos aunque éste último, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mostró displicencia —desde su perspectiva— en la decisión de no multar a Morena por las supuestas irregularidades halladas por el Instituto Nacional Electoral sobre el fideicomiso creado tras los sismos del año pasado.

“Lo que nos queda es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se fajen y sirvan de contrapeso”, arguyó el especialista.

Por su parte, Germán Pérez Fernández, analista político por la UNAM, opinó que si bien se puede pensar que el partido del presidente electo aplicará el mecanismo de mayorías para capitalizar cualquier asunto que sea presentado en las Cámaras, las corrientes dispersas al interior de Morena podrán complicar dicha táctica.

“Dentro del grupo de Morena y gracias a la diversidad que se tiene, van a tener, desde mi perspectiva, una ingobernabilidad frecuente, no creo que construyan fácilmente mayorías al interior de Morena; son grupos muy independientes, son alianzas muy frágiles; hay cosas que no le van a gustar al (Partido) Verde, al PT”.

Ejemplo de la disidencia, indicó el analista, fue la aprobación de la licencia del senador y gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, en el Senado, cuya votación se debió repetir tras una primera negativa para que finalmente la mayoría de Morena aprobara el permiso.

En tanto que en materia de contrapesos, además del Poder Judicial, el analista consideró que existen otros como los gobernadores, congresos locales, la opinión pública e incluso del sector empresarial, por lo que “tienen que ir cuidando su lenguaje, cuidando sus acciones, cuidando que esto no se vuelva un PRI de los años 70; arrasando con las mayorías en todas las votaciones, sin negociar”.

Reformas pendientes

  • Cambios constitucionales para eliminar la figura del fuero.
  • Abrogación de la Ley de Seguridad Interior.
  • Expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
  • Reformas al artículo 102 de la Constitución sobre la designación del fiscal general de la República.
  • Expedir la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
  • Reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.
  • Reformas a la Constitución para establecer la revocación de mandato a través de la consulta popular.
  • Modificaciones para desvincular la evaluación educativa con la promoción laboral de los maestros.

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