La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y entregar información estadística de los homicidios intencionales cometidos por militares en contra de cuatro o más personas, ocurrido del año 1960 al 15 de septiembre de 2015, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Un particular solicitó el número de hechos indagados por la Procuraduría General de Justicia Militar, el número de sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales militares, desagregado por año y sentido de las resoluciones.

Además del número total de víctimas por cada hecho, especificando el sexo de los agraviados, el número total de militares sentenciados por cada caso y el estado en donde ocurrieron.

La Sedena dio a conocer que la información es inexistente, luego de turnar la solicitud a la Procuraduría de Justicia Militar, Dirección General de Derechos Humanos y Dirección General de Archivo e Historia, instancias que refirieron no haber localizado la documentación requerida.

Al analizar el asunto la comisionada María Patrica Kurcyn Villalobos explicó que la declaración de inexistencia no estuvo motivada, a demás de que tras una búsqueda por el Instituto, se ubicaron 116 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Detalló que uno de los instrumentos recomendatorios es sobre el caso de Santiago de los Caballeros, Sinaloa, donde el 26 de marzo de 2008 militares privaron de la vida a cuatro civiles, lo que generó una investigación y el proceso del personal castrense en la prisión militar de Mazatlán , por lo que consideró que la información requerida sí existe.

Recordó que en junio de 2014 hubo una reforma al Código de Justicia Militar donde se especifica que los delitos del fuero común o federal cometidos por militares, corresponderán a la jurisdicción militar, excepto cuando la víctima sea civil.

Al no especificarse en la solicitud si los homicidios fueron contra civiles o militares, antes de la modificación a la legislación militar que no distinguía los delitos que la justicia castrense conocía en juicio, se determinó que la procuraduría y el tribunal pueden tener la información desde 1960 al 13 de junio de 2014.

Por ello el pleno del INAI instruyó a la Sedena realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida y entregarla al particular.

mfh