El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) invirtió, entre el 2012 y el 2016, más de 500 millones de pesos en comunicaciones, derechos de uso de software, desarrollo de aplicaciones y consultorías en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta cantidad de recursos se tradujo en una deficiente operación del instituto y en una mala administración del proyecto con el que arrancó la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF concluyó que durante el ejercicio de la Cuenta Pública 2016 el INAI no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, según refiere el informe, el cual muestra los resultados del análisis de dos contratos por más de 30 millones de pesos relacionados con el desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Con respecto a la administración del instituto, la auditoría informó que el INAI no cuenta con manuales de organización, de procedimientos ni con la estructura autorizada que, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), debió de formalizarse a los seis meses de que la ley entrara en vigor. La auditoría indicó también que, durante el 2016, el instituto no tuvo un reglamento interno vigente.

Desde sus inicios, en mayo del 2016, la PNT ha registrado errores de todo tipo, entre los que destacan las fallas en las solicitudes de acceso a la información y los errores al registrar a nuevos usuarios. De acuerdo con El Universal, en septiembre del 2016, la PNT “presentó fallas como la caída temporal del registro y que no se desplegaba el catálogo de lo sujetos obligados de la Ciudad de México”.  

Plataforma Nacional de Transparencia

Desde su creación, la Plataforma Nacional de Transparencia careció de una administración adecuada por parte del INAI. De acuerdo con el informe de la auditoría, el proyecto de PNT “no contó con estándares de desarrollo web y con una metodología de administración de proyecto propia del instituto que haya sido autorizada y aprobada”.

La ASF refirió que el plan general de la PNT que presentó el INAI no cuenta con una metodología que garantice que los requerimientos de los sistemas se ejecutarán de acuerdo con el ciclo de vida de los mismos. Entre estos requerimientos destacó que el proyecto no cuenta con “una planeación de capacidades actualizadas que considere el volumen de información y las conexiones que la PNT deberá soportar”, dice el dictamen de la ASF.

El artículo 50 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en el 2015, refiere que la Plataforma Nacional de Transparencia tendrá que estar conformada por al menos un sistema de solicitudes de acceso a la información (Sisai); un sistema de gestión de medios de impugnación (Sigemi); un sistema de portales de obligaciones de transparencia (Sipot) y un sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados (Sicom).

La auditoría informó que el plan de desarrollo de la PNT no incluyó la corrección de fallas en los sistemas de solicitudes de acceso a la información ni en el sistema de portales de transparencia. El dictamen de la ASF indica que los sistemas Sisai y Sipot ya fueron liberados y que son utilizados por los órganos garantes y los sujetos obligados, pero debido a que presentan fallas en su funcionamiento, “continúan en proceso de estabilización”.

La auditoría encontró también omisiones en las fechas de aprobación de las pruebas de los sistemas de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados y de gestión de medios de impugnación, esto significa que aunque los sistemas Sigemi y Sicom ya están liberados, a la fecha de la auditoría, en mayo del 2017, más de un año después de la puesta en marcha de la plataforma, aún no había concluido la etapa de pruebas.

El INAI falla en transparencia

La ASF encontró también inconsistencias en la asignación y fiscalización de contratos celebrados entre el INAI y algunos de sus proveedores.

De acuerdo con la auditoría, el INAI le adjudicó a las empresas Intellego SC y Dotted Cloud SA de CV el contrato que establecía las condiciones para desarrollar la PNT en su primera etapa, esto a pesar de que la propuestas de ambas empresas rebasaba la capacidad presupuestal del instituto y de que había otra propuesta que cumplía a cabalidad con los requisitos técnicos y económicos.

En la segunda etapa de desarrollo de la PNT, el INAI le adjudicó el proyecto a la empresa IDS Comercial, por una cantidad mayor a 8 millones de pesos; sin embargo, el instituto “no justificó los entregables facturados por el proveedor (...) por un monto de 8 millones 813,700 pesos”, indica el informe de la auditoría.  

En el marco del contrato celebrado con IDS Comercial, la auditoría detectó 33 Curriculum vitae que presentaban irregularidades, ya que los recursos -como se les llama en el informe- no cumplían con requisitos profesionales como las certificaciones TOGAF, ISTQB, “conocimiento de infraestructura del INAI o de levantamiento de requerimientos”, refiere el informe de la auditoría.     

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx

erp