Si bien en la actual administración hubo avance al establecer en la Constitución el acceso a la información pública como derecho fundamental, todavía hay resistencias de funcionarios y dependencias gubernamentales para entregar información.

La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, consideró que a una década de vigencia de la transparencia en México es necesario dar un salto en la materia para homologar normas, criterios y procedimientos en todo el país.

En entrevista, Peschard afirmó que en la actual administración federal la transparencia se consolidó en el país, fundamentalmente a partir de la reforma al artículo sexto constitucional, promulgada en julio de 2007.

La comisionada presidenta recordó que con esta reforma quedó establecido el acceso a la información pública como un derecho fundamental de los mexicanos.

La transparencia se ubicó como una obligación de todos los poderes de la Unión y de todos los órganos de gobierno, en sus distintos niveles: federal, estatal y municipal.

Peschard añadió que este marco ha permitido construir instituciones garantes, institutos y comisiones de transparencia en todo el país, y socializar la obligación de transparentar todo lo que se hace en gobiernos y poderes, porque la información pública no es de quienes la elaboramos, sino de la sociedad .

Lamentó que persistan resistencias para dar información, por lo que los órganos garantes desempeñan una función relevante al alertar a las dependencias y entidades para ir construyendo una cultura de la transparencia en el sector público.

La presidenta del IFAI se dijo complacida porque a una década de la aprobación de las primeras leyes de transparencia en México se abra un horizonte de mediano plazo para ver hacia dónde se debe caminar en el tema, con las diversas propuestas parlamentarias y de gobierno que se han presentado.

Insistió que la transparencia debe avanzar hacia una uniformidad en los lineamientos, criterios, interpretaciones sobre qué información debe de abrirse y cuál no; cuál debe quedar reservada, porque está en la ley y porque hay motivaciones claras de por qué se debe reservar .

También llamó a precisar las competencias de los institutos, determinar quiénes deben ser los sujetos obligados que hoy no lo son, y cómo garantizar que las resoluciones de los órganos de transparencia efectivamente se cumplan, ante las resistencias para dar información.

La titular del IFAI resaltó que 99% de las resoluciones del órgano de transparencia se acatan, lo cual representa un nivel de cumplimiento muy alto, y es un 1.0% del que quisiéramos que ya no hubiera resistencia .

Descartó que la apuesta para avanzar en transparencia esté en la aplicación de más sanciones aunque, como en todo ordenamiento jurídico tiene que haber sanciones para quien no cumpla, pero más que sancionar a un servidor público que no da la información, hay que asegurar que el sujeto obligado, la dependencia o entidad la entregue , concluyó.

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