Diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votarán este viernes para elegir a su nuevo presidente.

Competirán por el cargo los ministros Arturo Zaldivar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Margarita Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar.

Los otros cuatro ministros: José Ramón Cossío Díaz; Juan N. Silva, Olga Sánchez Cordero y Alberto Pérez Dayán, no se inscribieron en el proceso para ser considerados como presidentes del máximo órgano jurisdiccional, aunque deberán votar por alguno de los compañeros.

De esa forma, serán los votos de los 10 ministros que entre ellos elijan al nuevo presidente de la Suprema Corte, quien también será titular del Consejo de la Judicatura Federal, en sustitución del ministro Juan N. Silva Meza quien concluyó ya su periodo al frente de la institución.

La sesión solemne de este viernes estará enmarcada por la muerte del ministro Sergio Valls, quien falleció el 3 de diciembre pasado, lo que significará que deberá haber un mayor consenso entre los votos de los Ministros ante la imposibilidad de que haya un voto de desempate.

Cada uno de los seis ministros hizo público en la página de internet de la SCJN su perfil profesional, así como un ensayo sobre los retos que visualizan para el Poder Judicial de la Federación para el periodo 2015-2018.

La sesión solemne de este viernes será presidida por la ministra decana de la Suprema Corte, Olga Sánchez. En sus proyectos de trabajo, los seis ministros presentaron acciones para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial Federal, y para lograr la instrumentación de las reformas en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y el nuevo sistema de justicia penal.

SCJN debe seguir línea trazada en DH

El perfil ideal para el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es que continué la línea trazada en derechos humanos, recomendó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell.

Hoy se llevará a cabo la sesión pública solemne del Pleno de la SCJN, en la que se elegirá al presidente de este Alto Tribunal para el periodo 2015-2018. El puesto es disputado por seis ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; José Fernando Franco, Mario Pardo Rebolledo y la ministra Margarita Luna Ramos.

En la red Borde Jurídico, Carbonell expone que el ministro Juan Silva Meza termina cuatro años en los que se produjeron grandes líneas jurisprudenciales en materia de derechos humanos.

Para el especialista ello supone un avance y depende de los ministros si se continúa con esta línea o se transita hacia una visión más conservadora. En este sentido, cerca de un centenar de Organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas la Fundación para la Justicia, han expuesto que México atraviesa por una crisis en materia de derechos humanos y la SCJN juega un papel fundamental para garantizar la vigencia del Estado Democrático y de los derechos humanos.

Es así que, para las no gubernamentales, los procesos de corrupción e impunidad que se viven actualmente pueden ser aminorados a través de sentencias que cumplen la promoción, defensa, garantía y protección de los derechos humanos y el seguimiento en el cumplimiento de las mismas.

Para el investigador de la UNAM, en los últimos cuatro años la presidencia de la SCJN y del CJF ha significado un avance en materia de derechos humanos en lo relativo a grandes debates nacionales, como la defensa del debido proceso legal y de la igualdad en temas de matrimonio igualitario.

Para Carbonell, México reclama de sus jueces un compromiso en favor de los derechos humanos por lo que alguien que tenga la visión conservadora o formal no abona en la ruta correcta.

Los retos

El próximo presidente del Máximo Tribunal enfrentará el reto de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, cuya fecha límite es junio del 2016. El investigador expone que a nivel de jurisdicción federal el proceso ha empezado muy despacio. En el mes de noviembre del 2014 arrancó en Puebla y Durango; en marzo del 2015 inicia en Yucatán y Zacatecas, y progresivamente se irá aplicando en todo el país.

Este reto debe abordarse desde el CJF y la SCJN jugará un papel, pues tendrá que fijar las grandes líneas jurisprudenciales del nuevo sistema.

Por otra parte, el presidente del Máximo Tribunal deberá hacerse cargo del combate a la corrupción. No podemos pensar que esta mala práctica es exclusiva de los ministerios públicos o de gobernadores o presidentes municipales. Negarlo sería negarse a ver la realidad , expresa Carbonell. (Con información de Ana Langner)

[email protected]