Durante el 2017 se alcanzó el nivel más alto de muertes por homicidio en México desde que se tienen registros; en dicho año se contabilizaron 31,174 homicidios alrededor de todo el país, de los cuales 89% de las víctimas fueron hombres y 11% mujeres, equivalente a una tasa de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en sólo tres entidades se registró 25% del total de muertes por homicidio (Estado de México, Guerrero y Guanajuato).

El territorio que registró el mayor número de homicidios fue el Estado de México, en donde murieron 3,046 personas (2,573 hombres y 463 mujeres). El segundo lugar lo ocupó Guerrero, que registró 2,575 muertes (2,355 hombres y 213 mujeres), y la tercera posición de la lista fue para Guanajuato, con 2,253 homicidios (2,037 hombres y 216 mujeres), en este último estado, la violencia ha incrementado de manera sustancial en tan sólo un par de años.

Otras entidades que registraron cifras alarmantes de asesinatos fueron Chihuahua, con 2,222 casos (1,966 hombres y 256 mujeres), y Baja California, que durante el 2017 registró 2,143 homicidios (1,932 hombres y 202 mujeres).

En la capital

En la Ciudad de México se presentaron 1,174 muertes de hombres por homicidio y 139 de mujeres; en su totalidad, la capital del país participó con 4.22% del total de casos registrados en el país, ocupando el décimo lugar con más homicidios de las 32 entidades.

Algunas zonas de la Ciudad de México (especialmente las regiones norte y oriente) son de las más inseguras del país, según dicen sus habitantes, nueve de 10 residentes aseguran sentirse vulnerables a cualquier tipo de violencia en sus colonias; además son de las regiones que presentaron niveles significativamente altos de delincuencia.

Menos violencia al sur

Las entidades que registraron el menor nivel de homicidios fueron Yucatán y Campeche,  la participación de ambas entidades en el total de homicidios registrados en México no suma ni 1 por ciento.

En Yucatán, durante el 2017 sólo se contabilizaron 50 muertos por esta causa, de los cuales 38 eran hombres y 12 mujeres. Esta entidad registró también los niveles delictivos más bajos de todo el país, el menor número de robos y asaltos en vía pública, de robo de automóvil, de robo a casa habitación y de otros delitos relacionados, de acuerdo con información del Inegi.

Campeche ocupó el segundo puesto de las entidades con menor nivel de homicidios, con 76 muertes registradas.

Estado de México, con más homicidio de mujeres

Pese a que los casos registrados de homicidio afectan en su mayoría a hombres, los homicidios a mujeres han aumentado en los últimos años. Durante el 2017, el Estado de México no sólo obtuvo el número más grande de homicidios totales, también es la entidad en la que se registraron más mujeres difuntas por esta causa, con 463 casos.

El resto de las entidades en donde se presentaron cifras significativas de homicidios a mujeres fueron Chihuahua (256), Guanajuato (216), Guerrero (213), Baja California (202), Veracruz (175), Michoacán (142) y Jalisco (142).

Llaman a una política integral

Luego de que el Inegi diera a conocer que durante el 2017 se cometieron 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, tasa que superó a la del 2016, que alcanzó 20 por cada 100,000 habitantes, expertos coincidieron en que esto se debe a las deficiencias en las políticas en materia de seguridad pública de los últimos dos sexenios y que la estrategia no ataca el problema de manera multifactorial.

Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró que uno de los factores que más generan esta problemática en México son los altos niveles de impunidad para quienes cometen este tipo de delitos.

“Un factor que habría que señalar es que 83% de los homicidios queda impune, factor que alienta que cualquiera que cometa un homicidio sabe que va a quedar impune, eso hace que esas cifras continúen creciendo”, dijo en entrevista.

Expuso que hay incapacidad o incompetencia de las autoridades para hacer las investigaciones, a lo que se suma la falta de voluntad y que las procuradurías están “desbordadas”.

“Los delincuentes han ido ganando territorio, las autoridades han sido incapaces para impedirlo, en ese sentido es natural que sigan creciendo estos delitos porque no hay ni las capacidades, voluntad y políticas que atinen a disminuir estos delitos”, consideró.

Aparte, David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, señaló que los números de los que da cuenta el Inegi “son preocupantes”, lo que evidencia que las estrategias implementadas en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no han funcionado.

“El fenómeno varía mucho a nivel regional y en términos del tiempo, es decir, que hace unos cuantos tiempos una región no haya tenido graves problemas de violencia, no la está salvando de que en un futuro pueda volverse en un foco rojo”, dijo.

Es, explicó, porque el Estado, tanto a nivel federal, estatal y municipal, no tiene la capacidad para poder contener este tipo de reacciones por cualquier razón, ya sea reacomodos de las cúpulas del crimen organizado, cambios en las rutas, en el mercado, no estamos contando con un Estado que pueda tener la capacidad para contener estas explosiones de violencia.

En este sentido Azaola expuso que se requiere un conjunto de políticas públicas para atacar la problemática, ya que no existe un solo tipo de violencia, sino que ésta se diversifica en la originada por grupos delincuenciales, la institucional, estructural, cotidiana, en espacios públicos, de género, las que sumadas contribuyen al punto máximo del homicidio.

“Todas esas diferentes violencias deben ser atacadas si queremos reducir los homicidios, tiene que hacerse una política integral que integre aspectos sociales, económicos, para poder disminuir la violencia”, refirió.

David Ramírez indicó que poco se habla de la proliferación de armas en el país, circunstancia que debe ser tomada como política pública para atacar su flujos y que a través de una relación binacional con EU debe “insistirse con más fuerza”.

Sobre la discrepancia entre las cifras del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la investigadora del CIESAS explicó que esto se debe a que ambas instituciones recogen datos de diferentes fuentes, como lo son, en el primer caso, de los Servicios Médicos Forenses y defunciones en el Registro Civil, mientras que la segunda lo realiza con las denuncias ante las procuradurías.