Eliminar los tipos penales que criminalizan a periodistas, reforzar el acceso y transparencia a la información y generar un sistema nacional de protección, que posibilite la debida coordinación y distribución de competencias en los tres niveles de gobierno, son algunas de las propuestas para reducir el riesgo en la labor periodística.

De acuerdo con el informe “Frente al Riesgo y el Caos”, elaborado por la organización Propuesta Cívica AC y presentado en el Senado de la República, se requiere revisar el mecanismo de protección, además de garantizar que cuente con los recursos necesarios.

De acuerdo con el documento, del año 2000 a 2018 se contabilizaron los asesinatos de 120 periodistas en México.

Los estados catalogados como más peligrosos para el ejercicio del periodismo son: Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Estado de México.

La organización informó que en los últimos seis años, 448 mujeres periodistas fueron agraviadas, siendo las principales agresiones las amenazas y actos de hostigamiento.

Tan sólo en el primer semestre del año pasado se documentaron 389 agresiones contra comunicadores, principalmente amenazas, ataques, asesinatos, hostigamiento, intimidación, privación de la libertad, desaparición forzada, desplazamiento forzado e intervención de comunicaciones.

El informe también evidencia la diversidad de normativas estatales de protección para este sector en 15 estados de la República, que contrastan con estándares internacionales firmados por México, al contar con una visión limitada del problema.

Durante la presentación, el representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Jan Jarab, manifestó su preocupación ante la violencia que se ejerce en contra del ejercicio del periodismo.

En ese sentido exhortó a los gobiernos a reducir el riesgo para el trabajo de periodistas generando un adecuado acceso a la información pública con transparencia, “porque cuando se carece de este factor se propicia un efecto amedrentador que perjudica a la sociedad en su conjunto”.

Consideró importante modificar la ley sobre publicidad gubernamental para que no se pueda utilizar como factor de presión a los medios informativos y renovar el derecho civil, para que se reduzca el acoso judicial y se eviten las demandas multimillonarias en contra de periodistas, lo cual representa un obstáculo a la libertad de expresión.

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