A aquel servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de 20 a 50 años de prisión y de 4,000 a 8,000 días de multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

La nueva ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada de personas, que se analiza en la Cámara de Diputados a propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, prevé establecer que comete el delito de desaparición forzada de persona la o el servidor público que realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocerlo.

En el caso de los particulares, se sugiere precisar que comete el delito de desaparición de personas quien aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de alguna persona servidora pública realice alguna de las conductas tipificadas por ley, y por tanto se hará merecedor a una pena de 10 a 25 años de prisión y de 500 a 2,000 días de multa.

Al agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su cargo la investigación del delito de desaparición forzada la obstruya, retrase u omita realizarla adecuadamente se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión, multa de 300 a 500 días e inhabilitación definitiva.

Los perredistas consideran necesario además precisar que los delitos de desaparición forzada de persona, su equiparable y el de desaparición por particulares, son delitos continuados e imprescriptibles y que se investigarán y perseguirán de oficio.

También consideran necesario precisar que con respecto a esos delitos no se admitirá como causa de justificación el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior, ni la restricción o suspensión de derechos y garantías, establecida en el Artículo 29 de la Constitución.

Toda vez que no se prevé la realización de un periodo extraordinario de sesiones antes del siguiente periodo ordinario que iniciará el próximo 1 de febrero, diputados federales y senadores incumplirán con su obligación de expedir la ley reglamentaria antes del 10 de enero del 2016, como ordena la reforma al Artículo 73 de la Constitución.

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