Ante la imposibilidad de aprobar -por parte de la Cámara de Diputados- las modificaciones a la ley de transparencia, el Centro de Análisis e Investigación Fundar aseguró que el Poder Legislativo no fue el único actor responsable de detener el avance en materia de protección del derecho a la información.

La oposición más férrea la observamos en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en el Servicio de Administración Tributaria . El Centro los responsabiliza de haber cabildeado en el Senado y en la Cámara de Diputados para frenar la reforma.

El fin de semana, Fundar envió una carta a los legisladores, principalmente quienes integran las comisiones de Justicia y Función Pública -en las cuales se detuvo el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación.

En el documento reconoce que la reforma puede aprobarse en un periodo extraordinario pues, de lo contrario, será muy difícil lograr su aprobación en el siguiente o incluso en lo que resta de la Legislatura, debido a las reformas que están pendientes, la negociación presupuestaria del 2012 y el clima electoral que ya se comienza a vivir.

Ante el congelamiento de las reformas, consideró que la clase política no está interesada en avanzar hacia un país democrático en donde la ciudadanía tenga información oportuna y de calidad para participar en las cuestiones públicas.

Entre los asuntos que quedaron pendientes de aprobar se encuentra la obligatoriedad de transparencia de los fideicomisos públicos y de las operaciones bancarias o fiscales que involucran recursos públicos. Actualmente gran parte de la información sobre fideicomisos públicos y operaciones bancarias con recursos públicos se reserva.

LOS 10 AVANCES TRUNCOS

En materia de transparencia, existe un decálogo de 10 acciones fundamentales para abatir la opacidad en la administración pública que, hasta el momento, no han sido aprobados por el Congreso.

Equidad en el uso y destino de recursos públicos.

Transparencia de los fideicomisos públicos y operaciones bancarias o fiscales que involucran recursos públicos.

Resoluciones definitivas e inatacables del IFAI.

Generación de documentos que obligatoriamente deben tener las autoridades derivadas del ejercicio de sus facultades.

Incorporación de la prueba de interés público en la entrega excepcional de información confidencial.

Incorporación de la prueba de daño en la entrega de información gubernamental.

Los titulares de las áreas de archivos serán parte de los comités de Información.

La reforma hace la distinción entre el tratamiento de archivos históricos y archivos administrativos.

Inclusión de un segundo libro para la protección de datos personales en manos de las entidades públicas.

Se establece que el IFAI será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado.

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