La reparación del daño por acciones discriminatorias se perfila como una realidad en el país. El Congreso de la Unión concluyó ayer el proceso que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que entre otras cuestiones fortalece el actuar del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Turnada al Ejecutivo federal para su promulgación, la reforma avalada ayer por el Senado contempla que el Conapred podrá imponer medidas de reparación, como la restitución del derecho violado, una compensación por el daño ocasionado, una amonestación pública, la disculpa pública o privada y garantía de no repetición .

Las reformas consideran, además, fortalecer la actuación del Conapred como instancia rectora en el combate a la discriminación y de las responsabilidades de la administración pública federal en la materia.

También amplía el catálogo de conductas que constituyen un acto discriminatorio. Por ejemplo, con las modificaciones legales se considerará discriminación implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas.

En el dictamen aprobado por los senadores se argumenta que las últimas reformas constitucionales en materia de derechos humanos llevaron a modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual entró en vigor en el 2003.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Angélica de la Peña, argumentó que con las reformas se amplía la definición de discriminación para regular los tipos de discriminación: directa, indirecta, formal y sustantiva.

Asimismo, se especifican las condiciones que motivan la discriminación, con el fin de que la legislación responda a la realidad de México.

La reforma precisa que el rango de aplicación de la ley es para los poderes públicos federales, y modifica el nombre del Programa Nacional para Prevenir por el de Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación.

Durante la sesión de ayer, el pleno también aprobó el retiro de diversas reservas a mecanismos internacionales, solicitado por el Ejecutivo federal, con el fin de atender las recomendaciones de la ONU en materia de respeto de garantías individuales.

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