La creación de la Guardia Nacional y la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en los últimos meses aumenta el riesgo de los ciudadanos de ser víctimas de tortura, indicaron las organizaciones de la sociedad civil.

“Desafortunadamente, en los últimos meses el gobierno federal y el Congreso de la Unión han avanzado dos propuestas que tendrían el efecto de aumentar el riesgo de ser víctima de tortura y de otras violaciones de derechos humanos: la creación de una Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, indicaron organizaciones civiles que crearon el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU 2012-2019.

Dentro del documento que se presentará al organismo multilateral se recomienda que la Guardia Nacional se incorpore a “los estándares internacionales relevantes y la creación de mecanismos de supervisión, transparencia y control que tomen en cuenta el elevado riesgo para los derechos humanos que implica la militarización”.

Por otra parte, sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, las más de un centenar de organizaciones civiles mexicanas e internacionales indicaron que con ellas se impulsará que se mantengan las deficiencias en investigación en México.

“Consideramos que dicho modelo desincentiva la investigación penal, pues posibilita la sanción privativa de libertad con simplemente acusar a las personas y que la autoridad judicial acepte abrirles un proceso penal (...) han aprobado una reforma constitucional para aumentar la lista de delitos de prisión preventiva oficiosa, incluyendo diversos delitos no violentos y los delitos imputados en la mayoría de procesos penales federales.

“Esta iniciativa es particularmente alarmante por ser contraria a la presunción de inocencia y al debido proceso, y por el previsible impacto negativo que tendrá en poblaciones ya vulnerables a detenciones arbitrarias”, se indica en el extenso informe.

En general las ONG firmante del documento, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a nivel nacional y a nivel internacional el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura, entre otras, señalan que el eje transversal que propicia los hechos de tortura en México es la impunidad.

“Por ejemplo, la Unidad (hoy Fiscalía) Especializada de Investigación del Delito de Tortura a nivel federal informó en febrero del 2018 que, de 8,335 investigaciones por tortura que había conocido, había ejercitado acción penal en solamente 1,710”, señalaron.

Será el próximo viernes 26 de abril cuando se realice en Ginebra, Suiza, el examen periódico en materia de tortura al Estado mexicano por las Naciones Unidas.