El gobierno de Andrés Manuel López Obrador negó categóricamente restringir los derechos de los contribuyentes en cuestiones de representación legal, ello tras la carta que mandó la American Bar Association (ABA).

"El Gobierno de México niega, categóricamente, estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal", refirió el documento divulgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En este sentido, destacó las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en materia fiscal, y refirió que son necesarios para el cumplimiento del estado de derecho.

En días pasados, la ABA mandó una carta al presidente mexicano para mostrar su postura en contra de cualquier acción tomada por la administración para restringir el derecho de los contribuyentes a buscar asesoría legal.

En la carta, se acusa al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría Fiscal de la Federación a amenazar e intimidar a los contribuyentes.

"Respecto a que la Procuraduría Fiscal de la Federación está 'iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación  para presionar a personas físicas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria aparentemente cometida' , responde que dicha aseveración es falsa y sin sustento alguno", aseveró el gobierno mexicano.

Explicó que la Procuraduría, a cargo de Carlos Romero Aranda, ha iniciado investigaciones penales al identificar elementos constitutivos de algún delito fiscal, lo cual es su obligación.

Agregó que si algún contribuyente que es imputado penalmente solicita un acuerdo reparatorio, la Procuraduría tiene que valorar si es oportuno otorgarlo.

"Una de las grandes prioridades del gobierno mexicano y de su ciudadanía es perseguir penalmente las conductas criminales. Por lo tanto, la Procuraduría Fiscal de la Federación aplicará todo el rigor de la ley en contra de quienes pretenden burlar sus obligaciones fiscales, pero cualquier acusación se realizará en estricto apego a las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México", finalizó.