La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) firmaron la “Declaración por la democracia y la legalidad para el proceso electoral 2018”.

El instrumento consta de seis puntos mediante los cuales las instituciones involucradas se pronuncian por la garantía de elecciones limpias.

En primer lugar manifiestan que garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral y el adecuado desarrollo de los procesos comiciales constituyen obligaciones fundamentales de toda autoridad del Estado, en sus tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se comprometieron a que la jornada electoral del 1 de julio se realice en un marco de seguridad, justicia, equidad y legalidad, en las 32 entidades del país.

“Que, como autoridades del Estado mexicano, los gobiernos estatales coadyuvaremos con pleno respeto a su autonomía, a fin de que las autoridades electorales cumplan con sus atribuciones y de que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales y emita su sufragio en libertad”, se aprecia en el documento signado.

“Hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que sean enérgicas y vigilantes de la procedencia, ejercicio y límites de los recursos y aportaciones para las campañas y, en su caso, se impongan las sanciones pertinentes a quienes violen la ley en materia electoral”, se manifiesta en la declaración.

Durante el acto oficial, el presidente de la Conago, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, llamó a los mandatarios a garantizar el uso responsable e imparcial de los recursos públicos que administran, sobre todo en el manejo de los programas sociales, así como “no caer en la tentación de convertirnos en actores de las contiendas electorales, vía la procuración de justicia, la propaganda oficial o el uso de los tiempos y recursos de los servidores de las administraciones públicas”.

En tanto, el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, precisó que “nadie tiene la facultad, el derecho o la potestad para condicionar el voto de los electores o romper con los principios de equidad política que las leyes señalan (...) Condicionar programas sociales con fines electorales o desviar recursos públicos en favor de partidos políticos o candidatos, además de violentar los derechos políticos de las personas, contamina y empobrece el ejercicio de la política, de las instituciones de la República y de la democracia misma”.

cooperación en la CDMX

La Fepade y la Procuraduría capitalina definieron las estrategias a implementar en la CDMX el 1 de julio próximo, para evitar delitos de carácter electoral en las 16 delegaciones, de donde surgirá el primer Congreso local y nacerán los Ayuntamientos.

Se trató de un cónclave con autoridades de los tres niveles de gobierno de seguridad, procuración de justicia y electorales.