El nuevo gobierno federal ejerce este año un gasto en seguridad de menos de 1% del Producto Interno Bruto (PIB), situación que no le permitirá garantizar justicia y atender la alta incidencia de delitos y violencia que se vive en el país, alertaron expertos.

Durante la presentación del estudio “Gasto Público en Seguridad”, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), y Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijeron que el actual gobierno federal sigue una política de seguridad igual a la de anteriores gobiernos, sólo que con menos recursos y más recortes presupuestales.

“Esa esquizofrenia con que está el gasto nos hace pensar que no corresponde con la crisis de seguridad pública que vive el país. Quien se está llevando los recursos es el Ejército, una institución que no está preparada para los niveles de seguridad. Y el gran olvidado es la procuración de justicia, que tiene un recorte de 30% respecto del 2018. El llamado que hacemos es repensar este gasto para el 2020, porque el ciudadano votó por el cambio, y lo que está aquí plasmado (en la Estrategia de Seguridad 2018-2024) es más de lo mismo, pero con menos dinero”, afirmó Francisco Rivas.

En conferencia, explicaron que el gobierno federal ejerce este año 239,317 millones de pesos en gasto en seguridad, lo que apenas representa 0.96% del PIB, el menor gasto de todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en América Latina en seguridad pública, según dijeron.

Expusieron que, además, dicha cantidad significa una disminución de 14.3% respecto del presupuesto ejercido el año pasado en materia de seguridad.

Indicaron que de 239,317 millones, se gastan 33,064 millones de pesos en prevención del delito, lo que representa 0.13% del PIB; en combate al crimen 101,498 millones, 0.41% del PIB; y en justicia 104,755 millones, lo que apenas representa 0.42% del Producto Interno Bruto.

“Si no queremos seguir simulando, necesitamos gastar el triple de lo que estamos gastando, y gastar bien”, dijo Rivas, quien destacó que el aumento de los delitos como el secuestro, extorsión y el homicidio en el primer trimestre del año está relacionado con la disminución de recursos en el rubro de seguridad.

El director del CIEP, Héctor Villarreal, comentó que se trata de “un presupuesto fragmentado, atomizado, es poco el recurso, y muy lejano a los objetivos en materia de seguridad; a pesar de que el país tiene los más altos índices de inseguridad”.

Aseguró que por más eficiencia y combate a la inseguridad que se prometa, “si queremos mejores resultados en seguridad no nos vamos a salvar de gastar más”. Indicó que un problema en el marco de la austeridad que promueve el actual gobierno federal es que al presupuesto de seguridad “le va a tocar competir contra otros rubros que también son muy delicados, como salud o pensiones”. Confió en que el gobierno tome conciencia y modifique el presupuesto en el paquete del 2020.

Respecto a la creación de la Guardia Nacional, consideraron que no cuenta con indicadores para evaluar su desempeño, además de que no se contó con el tiempo necesario para capacitar a sus elementos. Advirtieron que el compromiso de usar la Guardia Nacional para frenar la migración, como comprometió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, podría producir que se desatienda el fenómeno delictivo en el país, con tal de cumplir la agenda migratoria.

Mencionaron que hay mucha confusión de cuál será el rol de los gobiernos de los estados con respeto a la operación de la Guardia Nacional. “Ojalá no caigan en la tentación de que ‘la seguridad es un problema de la Federación’. Le tienen que poner dinero”, dijo Villarreal.