Al iniciar las campañas electorales este 30 de marzo, saldrán de circulación los programas sociales de coinversión social: empleo temporal, fomento de economía social, opciones de producción y el programa de 3x1; sin embargo, entre otros, seguirá la operación de Prospera, que en este 2018 tiene asignados recursos por más de 82,000 millones de pesos.

En particular, Prospera atiende a 6 millones 774,000 familias que se traducen en cerca de 28 millones de beneficiarios.

En este marco, la Secretaría de Desarrollo Social programó un Blindaje Electoral de cara a las elecciones, esto en colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la que ha alertado del condicionamiento de programas sociales como uno de los principales riesgos en estas elecciones.

Las acciones de blindaje, que entran en vigor el viernes de esta semana, plantean la suspensión de la propaganda gubernamental y en los tres meses que duran las campañas electorales.

tampoco se pueden llevar a cabo reuniones masivas para la entrega de beneficios, “salvo las que impliquen una entrega de apoyos previamente calendarizada y conforme a sus reglas de operación”.

En un contexto que el Padrón Único de Beneficiarios de programas de desarrollo social da cuenta de 72 millones 407,989 registros en todo el país, esta cifra equivale a 56% de la población mexicana.

con calendario

Por otro lado, el documento indica que cuando la entrega de apoyos se encuentre calendarizada una semana antes del 1 de julio también se debe suspender la entrega de éstos, hasta pasado el día de la elección.

“Se actuará prudencialmente en todo momento para no generar acciones que pudieran interpretarse como un incorrecto uso y manejo de recursos públicos durante los procesos electorales”, destacan los lineamientos.

Asimismo, prohíbe la promoción y difusión de todo evento donde se entreguen los apoyos, el uso de imágenes y símbolos que hagan referencia a algún gobierno y realicen publicidad personalizada de servidores públicos.

Derivado de las elecciones del año pasado en Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, se abrieron en la Fepade 254 carpetas relacionadas con el condicionamiento de programas sociales; de ellas, en 57.1% las denuncias mostraron a mujeres beneficiarias de Prospera que condicionaban el recurso a las otras integrantes del programa.

dora.villanueva@eleconomista.mx