Senadores de oposición frenaron la aprobación en Comisiones de la minuta de la Ley de Comunicación Social, luego de que se registró empate en dos ocasiones en dos de las tres comisiones dictaminadoras.

Por más de dos horas los legisladores de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, discutieron en lo general la minuta enviada por la Cámara de Diputados sin que se concluyera su aprobación o rechazo.

La oposición acusó la intención del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de tratar de imponer una ley que es una “simulación” que “legitima los vicios de antaño” además de acusar que hubo violaciones al proceso legislativo en las comisiones dictaminadoras.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mandato al Congreso de la Unión a legislar en la materia antes del 30 de abril, o de lo contrario los legisladores caerían en desacato.

A pesar de que senadores del bloque del Partido del Trabajo (PT) y Morena presentaron una contrapropuesta a la minuta enviada por la Cámara Baja, esta se desechó.

Frente al empate de siete votos en las comisiones de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía, se deberá convocar a una reunión extraordinaria para continuar con el análisis de la minuta.

Pide CNDH observar estándares internacionales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, contemplar estándares internacionales y el informe especial de este organismo para dictaminar la Ley General de Comunicación Social.

En un posicionamiento resaltó que la medida tiene la finalidad de fortalecer la libertad de expresión y la democracia en México.

“Una demanda muy sentida de la sociedad y organismos relacionados con dicho tema se refiere a que los recursos públicos destinados a publicidad oficial se asignen de manera eficaz y clara, así como propiciar la mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo y destino de los recursos públicos en materia de publicidad gubernamental, sin violentar derechos de terceros o inhibir la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, en particular los relativos a la información y a la libertad de expresión”, refirió.