El Congreso de la Unión, en voz de Porfirio Muñoz Ledo, hizo la declaratoria de aprobación del paquete de reformas constitucionales que crean la Guardia Nacional.

En su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el integrante del grupo parlamentario de Morena expresó: “El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la totalidad de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional”.

Remitida la documentación a la Cámara de Senadores, la colegisladora hizo también la declaratoria de constitucionalidad, realizado el escrutinio y cómputo correspondiente, a través de Martí Batres Guadarrama.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta remitió los documentos al Ejecutivo federal para la promulgación y entrada en vigor de los cambios constitucionales aprobados por el Congreso de la Unión y ratificados por el Constituyente Permanente.

A diferencia de la Cámara baja, donde los diputados fijaron la posición de sus respectivos partidos políticos, los senadores no discutieron el punto.

Por el PAN, la diputada Laura Rojas Hernández destacó que, gracias a la insistencia de la sociedad civil, la reforma constitucional incluyó como principios de actuación de la Guardia Nacional los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la participación de personal militar en tareas de seguridad pública sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, complementaria a las tareas de las autoridades civiles y subordinada a éstas.

“Al final, el Constituyente Permanente fue capaz de darle a México una reforma que dota a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico de actuación para cumplir tareas de seguridad pública bajo un mando realmente civil, y al determinar que, en caso de que los miembros de la fuerza nacional sean juzgados, lo serán por tribunales civiles. Sí, esto fue posible, pero hay que decirlo claramente, esto no fue un mérito de esta Cámara, fue gracias al Senado”, reconoció.

A través de la legislación secundaria, que incluirá la aprobación de la Ley de Uso de la Fuerza y la creación de un Registro Nacional de Detenidos, dijo, se deberán salvaguardar los derechos humanos.

La diputada priista María Alemán Muñoz aclaró que el espíritu de la norma recogió el sentir de la sociedad de rechazar una Guardia Nacional con mando militar y explícitamente estableció el mando civil.

“Que el Ejecutivo pretenda interpretarla a modo otorgando el mando de la Guardia Nacional a un militar es lo que se denomina fraude a la ley (...) Pedimos respeto al trabajo de este Congreso, pero sobre todo, respeto a los ciudadanos”, dijo.

Por Morena, Paola Tenorio Adame afirmó que la unanimidad en la aprobación de la Guardia se pudo alcanzar reconociendo que debe crearse un parteaguas y cambiar el rumbo porque la violencia no es el camino.