A partir de la necesidad de reconstruir varias comunidades y colonias en los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, los partidos políticos pusieron sobre la mesa la redistribución del dinero que obtienen del erario para atender la emergencia, sin embargo, desde el 2015 se han presentado diversas iniciativas para reducir el financiamiento a estas instituciones políticas en México sin que hayan llegado a buen término.

En el documento “Gasto y fiscalización electoral en México: 1997-2017” del Instituto Belisario Domínguez, los investigadores del texto exponen que las diferentes iniciativas coinciden, en general, en que el voto en México es proporcionalmente más costoso que en otros países del mundo.

Aunque, la eliminación del financiamiento público para partidos políticos no es recomendado por organismos internacionales y otros cuerpos políticos como la Unión Europea, retoma la investigación.

La razón principal detrás de la existencia de fondos públicos para partidos políticos es evitar la influencia de agentes privados en decisiones legislativas o de gobierno, se expone en el documento.

Así, las iniciativas concuerdan con que el financiamiento público obstaculiza la relación de los partidos políticos con los ciudadanos y ha creado incentivos no deseados que motivan a la creación de partidos que agrupen ciudadanos que quieran recibir presupuesto público.

De acuerdo con los lineamientos de la Constitución política, la fórmula actual de cálculo de financiamiento ordinario a los partidos a nivel nacional es determinada anualmente al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). De esa cantidad, 30% se distribuirá de manera igualitaria entre partidos y 70% de acuerdo con el porcentaje de votos que los partidos obtuvieron en la elección de diputados inmediata anterior.

Desde octubre del 2015 se han presentado -al menos- 11 iniciativas en materia de financiamiento a los partidos en la Cámara de Diputados y Senadores, que fueron desechadas o permanecen sin dictaminar en comisiones.

En la investigación se detectan cuatro tipos de propuestas de reducción del financiamiento público de partidos políticos. La primera abarca la eliminación de la subvención pública, ya sea permitiendo cualquier donación o sólo de militantes.

Un segundo tipo de propuesta incluye la reducción del porcentaje que se calcula para actividades ordinarias según la UMA. En tercer lugar se plantea vincular el cálculo del porcentaje para actividades ordinarias a la votación válida emitida en lugar de la lista nominal.

Finalmente, se ha propuesto unificar el gasto en partidos a nivel local con el federal. A lo anterior se añaden iniciativas que cambian también la distribución de los recursos, tanto por considerar a los candidatos independientes o por hacer que 50% sea equitativo entre partidos.

Reformas al financiamiento

En el texto “El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales”, elaborado por el Institute for Democracy and Electoral Assistance, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se proponen siete ejes rectores para realizar reformas y cambios institucionales en materia de financiamiento y fiscalización de los recursos de partidos.

Las regulaciones del financiamiento político diseñadas según el contexto de un país determinado tienen más posibilidades de ser aplicadas y cumplirse con éxito.

Las leyes son importantes, pero logran poco por sí mismas.

El cumplimiento de la ley es el eslabón más débil.

Es preciso abordar la brecha de género en el financiamiento.

Las redes de pares son una forma eficaz de fomentar las reformas.

Es necesaria una mayor implicación en el desarrollo de las regulaciones del financiamiento político.

La información sobre el financiamiento de los partidos y los candidatos debe ser clara y accesible.

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