Después de que las reformas realizadas al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal fueran publicadas en la Gaceta Oficial de la ciudad de México, los 14 presos detenidos por los disturbios ocurridos el 1 de diciembre, pudieron obtener su libertad bajo fianza, la cual fue fijada para casi todos en 40,000 pesos.

Los diputados federales del PRD, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz pagaron la fianza de los 14 detenidos, que de acuerdo con Carla Michel, miembro de la Liga de Abogados 1 de diciembre, en total, la cifra ascendió a aproximadamente 141,000 832 pesos.

La abogada detalló que se tuvieron que dar 5,200 pesos, porcentaje inicial del total de la fianza estipulada por la juez 47 penal, María del Carmen Brito, a trece de los detenidos. A Bryan Reyes Rodríguez, por su parte, se le asignó una multa de 74,232 pesos por los delitos de ataques a la paz pública y daño a propiedad ajena.

En entrevista telefónica, el defensor de derechos humanos y miembro de la Liga de Abogados 1 de diciembre, Jesús Robles Maloof, explicó que el cambio de redacción en del delito que se rige bajo el artículo 362, y con el cual los acusados podrían alcanzar una pena de hasta 30 años, permite que el proceso pueda abordarse bajo el camino de la fianza.

Si bien estas modificaciones a la ley permitieron que los jóvenes pudieran ser liberados, aún se encuentran bajo proceso y la criminalización de las manifestaciones y lucha social no quedan bien definidas. Robles Maloof detalló que en el Código Penal se contemplan 32 delitos que cubren perfectamente el tema de convivencia y respeto a la sociedad. El problema con el delito que se rige bajo el artículo 362 es que contempla la paz pública y nadie ha definido bien su significado, argumentó el defensor de derechos humanos.

Esa ambigüedad da lugar a cualquier interpretación y no ayuda a tener al margen a los abusivos .

Robles Maloof expuso que tiene la certeza que no hay evidencia alguna en contra de estas personas (los 14 detenidos) . El contingente de abogados continuará buscará que el gobierno se ponga a investigar a los vándalos que sí dañaron los bienes públicos.

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