Como parte del análisis a la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones al Poder Judicial de la federación.

En cuatro auditorías pertenecientes a los informes individuales de la Cuenta Pública del año pasado, el máximo órgano fiscalizador solicitó la aclaración en la utilización de más de 34 millones de pesos de recursos públicos erogados en obras a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Alertó sobre los fideicomisos y fondos del Poder Judicial, los cuales no se apegan a los principios de austeridad, expuso.

En la revisión 2018-0-03100-19-0003-2019 3-GB, la ASF analizó los 11 fideicomisos y un fondo en los que participan los organismos del Poder Judicial (la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), cuyos saldos ascendieron en su conjunto, al 31 de diciembre del año pasado, a 155,141 millones 138,000 pesos.

Como antecedentes, la ASF refirió que las anteriores revisiones a los fideicomisos y fondos del Poder Judicial se realizaron en el 2010 y el 2014.

Derivado de dichas auditorías, la ASF recomendó a la Cámara de Diputados que evaluara la pertinencia de emitir una regulación sobre los fondos y fideicomisos del Poder Judicial.

Además, planteó que en el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debían ocupar los recursos que se encontraran en los fideicomisos y los fondos.

Según expuso la ASF, dichos instrumentos financieros han permitido que los trabajadores adscritos al Poder Judicial tengan prestaciones superiores al resto de los servidores pertenecientes a la Administración Pública Federal, y que se sigan acumulando recursos.

Como resultado de la auditoría, la ASF indicó que de los más de 155,000 millones de pesos de saldo de los fideicomisos y el fondo se utilizaron 10,236 millones 135,000 pesos, de los cuales 9,353 millones 962,000 pesos (91.3%) correspondieron a erogaciones “por honorarios fiduciarios y gastos relacionados con la naturaleza y objeto de los mismos”.

Como conclusión de la auditoría de cumplimiento, el máximo órgano fiscalizador del país indicó que los acuerdos girados para la constitución, operación, administración y extinción de los fideicomisos y el fondo “no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad que limiten su ejercicio, duración y captación de recursos”.

Las obras del CJF

En el mismo paquete de auditorías individuales, la ASF analizó los proyectos de construcción de un centro de justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, otro en Ensenada, Baja California, y un edificio sede del Poder Judicial de la federación en Hermosillo, Sonora, obras a cargo del CJF.

Sobre el centro de justicia en Ciudad Juárez, el órgano fiscalizador hizo observaciones por pagos en exceso, debido a que presupuestaron ciertas características de la obra que finalmente no se realizaron.

Además de que notaron “deficiencias de calidad, ya que se observaron desprendimientos de pintura (...) en guarniciones (...) Se presentaron fallas en la operación de los brazos mecánicos automatizados del portón de acceso al área de indiciados del edificio principal”.

Sobre dicha obra, la ASF determinó que se debe aclarar la utilización de recursos públicos por 3 millones 742,571 pesos.

Edificio en ensenada

Por otra parte, en la construcción del centro de justicia de Ensenada, Baja California, la ASF encontró que no se aplicaron penas convencionales por incumplimiento de conclusión de los trabajos de la obra. Por dicho motivo, se dictaminaron 322,230 pesos pendientes de aclarar.

Y del edificio sede del Poder Judicial en Hermosillo, Sonora, se encontraron pagos en demasía, además de omitir aplicar penas convencionales por el incumplimiento en la fecha de conclusión de los trabajos, entre otras observaciones.

En este último caso, la ASF determinó que se debe aclarar la utilización de 30 millones 587,417 pesos.

En las tres auditorías, la ASF en total solicitó la aclaración en la utilización de 34 millones 652,219 pesos.

Pese a estos montos pendientes de aclarar, en los tres casos el órgano fiscalizador de la federación concluyó que, “en términos generales, el Consejo de la Judicatura cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.

Cabe recordar que el viernes pasado la  Auditoría Superior hizo la primera entrega de 268 informes individuales, correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

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