La corrupción y la omisión por parte de servidores del Poder Judicial, así como la falta de voluntad política de los gobiernos estatales, son los principales obstáculos para castigar a los feminicidas, denunció Omaira Ochoa Mercado, asesora del Área de Políticas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres del Inmujeres-DF.

Ochoa Mercado aseveró que pese a que el Distrito Federal es una entidad con alta incidencia de feminicidios -ocupa el quinto lugar nacional-, existe voluntad tanto del Jefe de Gobierno como de la Asamblea Legislativa, y muestra de ello fueron las modificaciones al Código Penal en julio pasado para tipificar el feminicidio.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se han documentado 890 casos entre enero del 2009 a junio del 2010 en el territorio mexicano.

En la ciudad de México en el 2010 se registraron 111 asesinatos contra las mujeres según datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mientras que el año pasado 64 mujeres fueron asesinadas y de ellas 39 se tipificaron bajo la figura del feminicidio.

Según las estadísticas, el 40% de las mujeres víctimas tenían entre 10 y 30 años; y más de la tercera parte desarrollaban alguna actividad económica fuera del hogar. El 58% murieron por acciones que implicaron un alto grado de violencia y uso excesivo de la fuerza física.

Ochoa Mercado dijo que en la zona norte se ha registrado un incremento en el número de feminicidios, y estos tienen que ver con la violencia derivada del crimen organizado, a diferencia de los hombres, los cuerpos de las mujeres son utilizados como botín de guerra, y eso encrudece la violencia contra las mujeres, aunque no sean partícipes de una banda o estén coludidas con el crimen organizado .

Aseguró que la fuga del Coqueto en el estado de México –aunque ya se recapturó-, pone en riesgo no solo a las mujeres del Distrito Federal o a las que viven en la periferia de dicho estado, sino que la alerta se expande a todo el país.

Denunció que existe poco interés por parte de las autoridades del estado de México para atender esta problemática, ya que en la entidad la violencia contra las mujeres no se previene, no se persiguen, investiga y tampoco se sanciona, por eso los índices de impunidad son muy altos .

Finalmente, recomendó capacitar y sensibilizar a los servidores que trabajan en el Poder Judicial y en la Procuración de Justica a fin de que emitan fallos condenatorios contra los feminicidas; cambiar el patrón cultura de los mexicanos, erradicando el patriarcado y el rol sumido de las mujeres, y reforzar la política pública, sin vacíos legales.