La implementación de los sistemas estatales anticorrupción muestra un avance importante, salvo en Ciudad de México y Chiapas. En general ya se tienen homologadas las leyes y las personas en puestos claves; sin embargo, en muchas entidades los puestos de los Comités de Participación Ciudadana, que deberían ser reservados para ciudadanos sin vínculos con partidos políticos o autoridades, están siendo ocupados por personas cercanas a los gobernadores o a partidos políticos, denunció Dalia Toledo.

La investigadora del laboratorio de políticas Públicas Ethos dijo que incluso, en algunos casos los que sí son ciudadanos independientes de autoridades y partidos, no tienen el perfil para ocupar esos cargos.

Comentó que en algunos lugares la forma de bloquear el trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción es no asignarle presupuesto.

“Tenemos problemas de mimetismo (cuando se hacen pasar por un perfil ciudadano cuando no lo son), de presupuesto, bloqueo político y hasta la falta de aprobación o publicación de leyes para no detonar procesos que derivan en el avance del sistema”, añadió.

Toledo considera hay muchos matices en la implementación de los sistemas estatales que necesitamos corregir.

Por otra parte, a escala nacional, este año finalmente se logró tener todos los representantes del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción y ya se cuenta con un borrador de la Política Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, que será la guía de las políticas estatales anticorrupción.

Recordó que en la pasada sesión del CC del SNA no se aprobó esa Política Nacional porque faltaba la opinión de uno de los integrantes que era el representante del Consejo de la Judicatura Federal, pero ya se integró.

Debemos seguir una sola ruta

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su programa de combate a la corrupción, a pesar de que no se conoce la política Nacional en esa materia.

Además Toledo cree que es muy importante que como país se tenga una sola ruta de combate a la corrupción y no diferentes estrategias.

Destacó que deberían ser los mismos lineamientos del programa que los de la Política Nacional, con el fin de que no se tenga un camino alterno al Sistema Nacional Anticorrupción.

De lo que se trata es de fortalecer esta vía que se creó justo para combatir con mayor fuerza a la corrupción. Esperamos que haya compatibilidad y coherencia, de lo contrario el combate a la corrupción en México va a estar atomizado, mencionó.

La especialista en el tema expuso que lo que se busca evitar es que los esfuerzos del gobierno federal vayan por un lado y los del SNA por el otro.

En ese sentido llamó la atención que los sistemas estatales anticorrupción deben observar los lineamientos de la Política Nacional Anticorrupción.

“Tendría de haber un respaldo institucional a lo que ya se ha construido y no demeritar el trabajo que hace el SNA”.

Agregó que aunque se han tenido pequeños pasos, “es muy importante consolidar este canal institucional para combatir la corrupción y no empezar de cero, porque sí han representado avances importantes el sistema”.

Al preguntarle cómo ha tratado el presidente Andrés Manuel López Obrador al Sistema Nacional Anticorrupción, contestó: “Sí, hemos visto apoyo al combate a la corrupción, pero no al Sistema Nacional Anticorrupción”.

Dijo que más allá de la reducción del presupuesto anual de las dependencias que tienen entre sus tareas combatir la corrupción, también se dan señales de que a través de la Secretaría de la Función Pública se está llevando acabo el combate a la corrupción, pero a ésta debe combatírsele de manera integral, no únicamente a través de una sola dependencia, sino a través de la coordinación de una serie de instituciones que conforman el SNA.

Para tener buenos resultados en el combate a la corrupción debe haber voluntad política de las autoridades para hacerlo, pero no pensar que se trata de una tarea que recae en una sola persona, sino en las instituciones, que independientemente de qué personas se encuentren en ellas puedan detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

Sin embargo, destacó que es muy importante la voluntad política, pero para designar fiscales independientes, destinar el presupuesto necesario para que funcione la maquinaria anticorrupción, así como aprobar las políticas y las leyes que son necesarias.

diego.badillo@eleconomista.mx