Entre los temas pendientes que abordará la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones destacan la extinción de fideicomisos, las modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la instalación de un Consejo Fiscal, los cuales no se legislaron en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXIV Legislatura, ni en las pasadas sesiones extraordinarias.

Previo a la última sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados convocada el pasado 29 de julio, el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, había informado que se logró el consenso entre las fuerzas políticas para discutir y votar la desaparición de cinco fideicomisos de los 44 que originalmente se planteó eliminar.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la propuesta de desaparecer sólo los fideicomisos acordados, y recientemente Delgado Carrillo anunció que en coordinación con el Ejecutivo federal se trabaja en una nueva lista de fideicomisos que se propondrán extinguir.

“Sigue la discusión sobre los 44 fideicomisos, la gran mayoría de ellos van a desaparecer, por eso ya hicimos el parlamento abierto, y hasta el momento la conclusión es que unos cuantos sobreviven, pero la gran mayoría tendrían que desaparecer”, declaró el diputado federal el martes pasado.

El 23 de abril, el presidente López Obrador envió a la Cámara Baja la iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual propone autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reorientar los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a programas y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal en caso de emergencia económica o de salubridad general.

Por otra parte, en el próximo periodo se discutirá la aprobación de un consejo de estudios de finanzas públicas y presupuestales, exclusivo de la Cámara de Diputados, para que asesore al Poder Legislativo en el diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde el pasado 22 de julio, el primer mandatario anunció que en colaboración con la iniciativa privada y el sector patronal, se enviaría a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el sistema de pensiones, con el objetivo de mejorar las condiciones de retiro de las y los mexicanos.

La propuesta se fundamenta en tres pilares: el incremento a las aportaciones para el retiro, la reducción de semanas de cotización para alcanzar el derecho a pensión y el aumento de la pensión mínima garantizada.

“La voy a enviar antes de que termine este mes para que, entrando de nuevo el periodo ordinario de sesiones, se trate, se revise en el Congreso y, en su caso, se apruebe, pero va a ser antes del día 1 de septiembre”, destacó el lunes el presidente.

Asimismo, se deberán abordar las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales ya aprobadas por el Senado de la República.

Con dichos cambios se contempla instaurar la prisión preventiva oficiosa a delitos graves como el feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y de hidrocarburos.

De acuerdo con el partido mayoritario, en la agenda habrá dos temas: economía y justicia

El rezago en la aprobación de al menos 16 temas, entre minutas, reformas a la legislación secundaria para armonizar cambios constitucionales y de nuevas leyes, habrá de abultar aún más la agenda legislativa —que será vasta— a desahogar, a partir del próximo 1 de septiembre, en el Senado de la República.

Desde el 6 de marzo pasado venció el plazo de un año que el propio Congreso de la Unión estableció para armonizar el marco jurídico y adecuarlo a la reforma al artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la condonación de impuestos; a la fecha, los senadores no han hecho su parte en el tema.

Tampoco han aprobado las leyes generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación, tal como ordena la reforma al artículo tercero constitucional aprobada el 15 de mayo del 2019.

Entre los pendientes en la Cámara Alta destaca también la reforma integral al Poder Judicial, que, como fue anunciado desde el año pasado, incluirá un paquete de cambios sobre procuración y administración de justicia.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario de Morena, anticipó que en el siguiente periodo de sesiones ordinarias los senadores se abocarán a la concreción de “dos grandes temas: recuperación económica y justicia”.

La reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución para eliminar el fuero constitucional del que gozan el presidente de la República y servidores públicos, pendiente desde que en diciembre pasado el tema se congeló luego de que se agotó el procedimiento constitucional previsto ante diferendos entre las cámaras de Senadores y de Diputados, se pretende retomar por el Senado, como cámara de origen.

Otra enmienda constitucional que no ha podido concretarse es la del artículo 41 para reducir el financiamiento público a partidos políticos; también sigue en el tintero senatorial la expedición de la ley reglamentaria del artículo 35 de la Constitución, que establece la revocación de mandato del presidente de la República.

Los legisladores intentarán dar celeridad a la aprobación de las minutas por las que se reforma el Código Penal Federal para aumentar penas por violencia familiar, en materia de violencia digital y de discriminación racial; respecto de los cambios sobre violencia digital también se requiere enmendar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A mediados de marzo pasado el pleno senatorial dejó pendiente la aprobación de la nueva Ley para la Regulación del Cannabis y de las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal en la materia, al suspenderse el trabajo legislativo por la pandemia del coronavirus.

Las enmiendas a la Ley Federal del Trabajo sobre outsourcing, que se pretenden aprobar, ahora sí, entre septiembre y diciembre próximo, están pendientes desde finales del 2019.

La aprobación de la nueva ley general de economía circular, de los cambios a la Ley General de Salud para prevenir el suicidio y la legislación única en materia procesal civil y familiar, completan el rezago.

A discutir por parte de diputados:

• Extinguir 44 fideicomisos, planteado por Morena.

• El Ejecutivo enviará a San Lázaro una nueva lista de fideicomisos para analizar su eliminación.

• Discutir la iniciativa que faculta a la SHCP para reorientar recursos en emergencias económicas o sanitarias.

• La propuesta del Ejecutivo federal y la IP para reformar el sistema de pensiones.

• Instaurar prisión preventiva oficiosa en delitos como feminicidio, y desaparición forzada.

• Se analizarán esquemas de trabajo semipresenciales para prevenir contagios.

• Crear un consejo de estudios de finanzas.

• Aprobar el PEF 2021.

A discutir por parte de senadores:

• Reforma integral del Poder Judicial.

• Eliminación del fuero constitucional del presidente de la República.

• Disminución de prerrogativas a partidos políticos.

• Leyes secundarias en materia educativa.

• Ley reglamentaria de revocación del mandato presidencial.

• Armonización de leyes sobre condonación de impuestos.

• Nueva ley para regular el uso de marihuana.

• Enmiendas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Cambios a la Ley Federal del Trabajo en materia de outsourcing.

• Endurecer penas por violencia familiar.

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