Este miércoles, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, ubicado en Reynosa, Tamaulipas, consideró fundado el recurso legal interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) que arguye una “imposibilidad jurídica” para conformar una Comisión de la Verdad que resuelva el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La resolución establece: “Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora promovida el 31 de mayo del 2018 a los autos de amparo 204/2018 en el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”.

En la víspera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su presidente, Luis María Aguilar Morales, informó que sería la Primera Sala quien determine si se atrae el caso o no.

Ante ello, Santiago Aguirre, subdirector del Centro ProDH y representante legal de las familias de los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre del 2014, afirmó en entrevista con esta casa editorial que pese a la resolución del Tribunal Unitario, la sentencia “se mantiene firme”.

“Lo único que este recurso estima es que es imposible crear esta Comisión, pero todas las irregularidades detectadas en el caso subsisten. Es importante decir también que no es una sentencia final, no es una resolución final ante esta determinación del Tribunal Unitario”, aseguró.

Lo que sigue en adelante, ahondó el jurista especializado en casos de violaciones a derechos humanos, es interponer durante los siguientes 15 días un recurso de inconformidad ante el mismo Tribunal que dictó como fundado el recurso interpuesto por la PGR.

“La Ley de Amparo lo que señala es que ese recurso de inconformidad y posteriormente un posible incidente de inejecución de sentencia, si prevaleciera la imposibilidad (de crear la Comisión), lo tienen que dirimir o bien un Tribunal Colegiado de Circuito o bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, comentó.

Aguirre precisó que es muy probable que por la relevancia pública que tiene el caso, la decisión sea atraída por la Suprema Corte en el marco de sus atribuciones.

“En un contexto en el que la propia Ley de Amparo indica que las sentencias de los tribunales colegiados son inatacables, sería sumamente grave para la vigencia del Estado de Derecho que mediante figuras no previstas en la ley, y mediante estas impugnaciones disfrazadas como las que han presentado el Ejecutivo, determine (la Corte) revisar de fondo la sentencia de un Tribunal que se considera inatacable”, afirmó.

De acuerdo con el Centro ProDH, que emitió un comunicado sobre el caso secretarías como la de Gobernación, Hacienda, Salud, Defensa Nacional, Marina, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados y la Consejería Jurídica se sumaron al recurso interpuesto por la PGR a través de unos 100 escritos y recursos jurídicos en contra de la sentencia del Primer Tribunal que instó a crear la Comisión.

En este sentido, Aguirre opinó que el acuerdo que dio la razón a la PGR, y la presión ejercida por la dependencias a través de los recursos jurídicos, “raya en la intromisión irregular frente a una sentencia que la ley dicta que debe ser inatacable”.