El gobierno federal busca inhibir los atentados contra políticos de alto nivel, al imponer de 10 a 20 años de prisión a quienes atenten contra gobernadores, senadores y diputados, candidatos a esos cargos, así como militares y funcionarios encargados de procurar la seguridad y justicia en nuestro país.

El presidente Felipe Calderón presentó al Senado desde el 23 de abril del 2009 un proyecto de reforma para tipificar como delito las conductas que atenten contra la vida o integridad, libertad o seguridad personal de servidores públicos y de sus familias, pero también contra funcionarios extranjeros.

De aprobarse en el Congreso, se aplicarían de 10 a 20 años de prisión y de 1,000 a 2,000 días de multa en contra de quienes pretendan o cometan lesiones, secuestros, levantones o intentos de homicidio contra elementos de seguridad pública, Fuerzas Armadas, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, el propio Presidente de la República, así como de cónsules, funcionarios de gobiernos extranjeros en visita oficial o en contra de alguno de los familiares de todos los anteriores con parentesco hasta el segundo grado.

El presidente Calderón reconoce en su proyecto es cada vez más frecuente el fenómeno de atentados o levantones en contra de políticos, como sucedió con el homicidio del lunes en contra del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre, así como el asesinato -en marzo pasado- de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Presidente considera prioritarias esas reformas de protección para los funcionarios, toda vez que de la confrontación entre las instituciones del Estado y la delincuencia organizada, los servidores públicos dedicados a la seguridad pública e impartición de justicia, por su propia naturaleza, se encuentran visibles ante los ojos de dichas organizaciones delictivas, lo cual los hace blancos fáciles de sus ataques , precisó el Ejecutivo federal.

La iniciativa presidencial deberá ser analizada por los senadores en el periodo de sesiones que comenzará en septiembre próximo y concluirá en diciembre.

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