De acuerdo con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, las reformas al Código Penal local, que incluyen sancionar los bloqueos o manifestaciones que impidan la ejecución de obras públicas, llamada ley garrote, tienen el propósito de frenar las extorsiones en el estado; sin embargo, otros delitos contra el patrimonio como fraudes y despojos tienen una mayor incidencia delictiva que la extorsión, no obstante, sus sanciones no ameritan ni 10 años de prisión.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre del 2019 se han presentado 169 presuntos delitos de extorsión registrados en carpetas de investigación en la entidad, es decir, 11% más que el primer semestre del 2018.

Pero si se comparan con otros delitos contra el patrimonio, como el fraude que contabilizó 539 casos y el despojo que registró 323 carpetas en lo que va de este año, la incidencia de las extorsiones es mucho menor.

De acuerdo con las nuevas modificaciones, la sanción para la extorsión será mayor de las que se imponen por estos dos últimos delitos.

La nueva reforma al artículo 196 establece que “se impondrá prisión de 10 a 20 años y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona”.

Cuando antes la sanción para este delito era de cuatro a 13 años y multa de 500 a 1,000 UMA.

Mientras que el fraude, que se refiere a la situación en la que alguien engaña o se aprovecha del error del otro sujeto para hacerse ilícitamente de alguna cosa o alcanzar un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, y que de acuerdo con el artículo 190 del Código Penal estatal, tendrá una sanción de cuatro años seis meses a 11 años de cárcel y de 450 a 650 días de multa, cuando el valor de lo defraudado exceda 750 veces el salario mínimo.

Por otra parte, para el despojo, el cual se define como la acción de ocupar de propia autoridad, por medio del engaño o por violencia, un inmueble ajeno o se alteren términos para fijar los límites de los predios o se desvíen las aguas ajenas para hacer uso de ellas, estípula en el artículo 198 prisión de dos a ocho años y multa de 100 a 400 días.