La ejecución del activista social Samir Flores Soberanes en Amilcingo, Morelos, debe ser una llamada de atención al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, independientemente del resultado de la consulta que se celebró el fin de semana en municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala sobre el proyecto para la región, al cual se opuso.

Colectivos defensores de derechos humanos y periodistas integrados en Espacio OSC demandaron que lo ocurrido en contra del fundador de la radio comunitaria Amiltzinko 100.7 FM, no sólo quede en condena, sino que se capture a los responsables, y que no hacerlo también es corrupción. También solicitaron esclarecer los casos de los otros 13 activistas y periodistas asesinados del 1 de diciembre del 2018 a la fecha.

El Espacio OSC destacó que las descalificaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas elevan su riesgo, dejándolas en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques como los que vivió Flores Soberanes.

Reiteraron el llamado al presidente a no estigmatizar a defensores de derechos humanos y periodistas, que no sugieran que organizaciones civiles actúan incorrecta o ilegalmente, y que se reconozca la importancia del papel fundamental de las mismas, así como el Estado de Derecho y la construcción de paz, como lo demanda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El colectivo detalló las muertes de los periodistas Jesús Alejandro Márquez, en Nayarit el 1 de diciembre y de Diego García Corona, asesinado en el Estado de México el 5 de diciembre del 2018. Siguieron los defensores Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, en Yahualica, Hidalgo, el 24 de diciembre, y Sinar Corzo Esquinca, en Chiapas el 3 de enero del 2019.

Los defensores Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez en Amatán, Chiapas; el periodista Rafael Murúa Manríquez, en BCS, yotros defensores como Gustavo Cruz Mendoza y Bernardino García en Oaxaca, entre otros.