El número de asesinatos, desapariciones y agresiones que padecen los trabajadores de los medios de comunicación en México dejan en entredicho la existencia de un gobierno abierto en nuestro país, manifestó Rodrigo Santiago Juárez, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la CNDH.

Las estadísticas sobre la violencia hacia la prensa mexicana no contribuye a la idea de un gobierno abierto, obligado a documentar su labor diaria y fomentar la apertura hacia el escrutinio social , dijo.

Una sociedad desinformada, abundó, es sin duda alguna una sociedad menos democrática y menos transparente; por ello los gobiernos deben garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, fomentar la transparencia y aumentar la rendición de cuentas.

Detalló que cifras de la CNDH dan cuenta del asesinato de 119 periodistas en México a partir del 2000, de los cuales 12 eran mujeres; desde el 2005, se registra la desaparición de 20, dos de mujeres, así como la comisión de 50 atentados contra instalaciones de medios desde el 2006, lo que convierte a nuestro país en uno de los más peligrosos en el mundo para el ejercicio periodístico.

Algunas entidades como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca concentran alrededor de 60% de los homicidios cometidos contra comunicadores en el país, por lo que especialmente se debe poner atención a fin de prevenir las agresiones e investigar y sancionar los delitos cometidos contra esas personas, a fin de revertir el contexto adverso , refirió.

Santiago Juárez expuso que en la Recomendación General 24 y tras revisar 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones de periodistas y atentados a medios de comunicación, sólo en 10% de los casos existe sentencia condenatoria, lo que representa 90% de impunidad.

En entrevista, expuso que en el mismo documento recomendaron que el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos reciba para su buen funcionamiento recursos públicos necesarios y asegurar que quienes realizan labores de análisis de riesgo tengan garantizada su seguridad laboral a fin de que se profesionalicen.

En este sentido, manifestó que en las entidades se deben crear los mecanismos de protección en la materia o bien fortalecer los ya existentes; además de que en los estados se instalen fiscalías especiales en la investigación de los delitos relacionados con periodistas, para que una de las primeras líneas de las indagatorias sea la que tiene que ver con las actividades profesionales de la víctima.