Estrategias dilatorias implementadas por fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la indagatoria del asesinato de tres elementos de la Policía Federal en la Terminal 2 del aeropuerto retrasan la entrega de copias de la indagatoria a la defensa de Bogard Felipe Lugo de León, quien hasta ahora es el único detenido por la balacera en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y a quien le imputan participación en los hechos, aunque, reclaman los familiares del detenido, quedó registrado que quienes disparan fueron los prófugos Daniel Cruz García y Zeferino Morales Franco.

A 10 días de su detención e implementando el mismo mecanismo dilatorio de imponer un abogado de oficio a Lugo de León, esto retrasó la acreditación de un abogado particular, comentó la familia, como ocurrió en los casos de los tres generales y el teniente coronel sujetos a un arraigo acusados de brindar protección al Cártel de Sinaloa.

Se espera que este lunes, la Procuraduría General de la República (PGR) permita oficializar la defensa particular del expolicía federal, con la finalidad de que tenga acceso a las acusaciones que se le atribuyen, tanto de delincuencia organizada como de carácter administrativo, al ser un servidor público que tenía bajo su mando a los prófugos de la justicia Cruz García y Morales Franco.

Por otra parte, los 300 elementos de la Policía Federal que se encontraban adscritos al aeropuerto internacional Benito Juárez comenzaron a ser sustituidos por elementos de las divisiones de Seguridad Regional, Investigación, Antidrogas e Inteligencia, precisaron fuentes federales.

De acuerdo con los primeros reportes, al frente de los elementos quedó el comandante José Armando Ramón Hernández, quien fuera coordinador de la Policía Federal en el estado de Yucatán y anteriormente se desempeñó como Director de Seguridad de Caminos, lo que antes era identificada como Policía Federal de Caminos.

Los nuevos elementos tendrán que familiarizarse con las instalaciones aeroportuarias, principalmente en zonas de seguridad para los que se encuentran desplazados y que hasta la fecha sólo han permitido, en seis años, la detención de 340 personas que traían consigo pequeños cargamentos de droga.

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