La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas deficiencias en el combate a la trata de personas en México, que van desde omisiones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy fiscalía) para investigar los casos hasta la ausencia de protocolos y recursos económicos para la atención a víctimas.

En la auditoría de desempeño 2018-1-47AYJ-07-0302-2019 302-DS perteneciente a la revisión de la Cuenta Pública del 2018, el máximo órgano fiscalizador del país analizó las acciones implementadas por la procuraduría, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Gobernación (Segob) en cuanto al combate a la trata de personas.

Sobre la procuración de justicia, la ASF informó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la procuraduría generaron 2,766 solicitudes de acción contra el delito de trata a los órganos auxiliares, es decir, a la Policía Ministerial, a la Coordinación General de Servicios Periciales y al Centro Nacional de Planeación, Análisis, e Información para el Combate a la Delincuencia.

No obstante, sólo se cumplimentó 67.1% de las solicitudes, unas 1,858. Con dichos datos, la ASF detectó que entre el 2016 y el 2018 la cumplimentación de acciones por los órganos auxiliares de la procuraduría, relacionadas con el delito de trata, pasó de 80.8 a 67.1 por ciento.

En este sentido, la ASF refirió que en el 2018 se generaron 288 carpetas de investigación, de las cuales sólo ocho fueron vinculadas a proceso, es decir, “una de cada 36 carpetas de investigación”.

Por otra parte, sobre la atención a víctimas, la ASF indicó que el año pasado la CEAV atendió a 19 víctimas, la Segob a otras 19 y la PGR a 2,741 mujeres víctimas de violencia extrema y trata. Sin embargo, debido a la falta de protocolos no se garantizó su debida atención.

“Además, a seis años de haberse publicado la nueva ley contra la trata de personas, la Segob no implementó ni operó el fondo federal previsto en materia de trata de personas y ninguno de los 32 gobiernos locales dispone de un fondo específico para dicho fin”, afirmó la ASF.

En materia de datos, la ASF refirió que, pese a que se había previsto crear un Sistema Nacional de Información sobre trata en el 2018, nunca se conformó, mientras que las bases de datos sobre el rubro de la CEAV y de la PGR mostraron información “incompleta y deficiente”.

“Lo anterior evidenció que la operación de la Comisión Intersecretarial (conformada por la Segob, la PGR y la CEAV) y la participación de sus integrantes fue sólo una simulación, ya que no abonó a que el Estado mexicano dispusiera de una política nacional de mediano plazo que le permitiera gobernar de manera coordinada la prevención, atención y procuración de justicia en materia de trata de personas”, indicó.

Como conclusiones, el máximo órgano fiscalizador del país emitió 46 recomendaciones de desempeño, además de que durante el transcurso de la auditoría emitió oficios para la intervención del Órgano Interno de Control de la CEAV y del Servicio de Administración Tributaria, derivado “de ocho irregularidades detectadas”.