Este 15 de septiembre, los gobiernos federal y estatales liberarán a 682 presos como parte de preliberaciones, modificación de medidas cautelares y libertades anticipadas, para adultos mayores con alguna enfermedad crónico-degenerativa o en fase terminal; que sufrieron tortura o peretenecen a comunidades indígenas.

Así lo informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien indicó que las 682 liberaciones ocurrirán en Baja California Sur con 10; Baja California con 63; Chiapas con 198; Ciudad de México con 40; Colima con 13; Durango con 100; Nayarit con 30; Oaxaca con 48; San Luis Potosí con siete; Sinaloa con 15; Tabasco con 12; Tlaxcala con dos; Veracruz con 50; Zacatecas con 57; así como 36 personas recluidas en penales federales.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Segob mencionó que en todos los casos se hicieron gestiones con los jueces competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República, con el propósito de agilizar los trámites en preliberaciones.

Apuntó que, además, hay otros 4,233 expedientes de personas de las cuales se analiza su liberación, aunque aclaró que no podrán acceder al beneficio quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa.

"Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura, al Instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República, según corresponde a cada caso, por lo que confiamos en que serán resueltos gradualmente, para que las personas puedan obtener su libertad", dijo.

Mencionó que hasta julio de este año, la población privada de la libertad en el país era de 220,866 personas, de los cuales 16,464 se ubican en centros federales, es decir, alrededor del 7.4% del total, en tanto que el resto se ubica en penales locales. Indicó que esto significa que el 92.6% de los internos, entre los cuales algunos podrían acceder a los beneficios, son del ámbito local.

"De esta manera se abona a la consolidación de los instrumentos legales y al proceso de transformación impulsado por este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo bajo una perspectiva humanista y de justicia", dijo Adán Agusto López.

Finalmente, el secretario de Gobernación dijo que Israel Vallarta, preso acusado del delito de secuestro y por ser presunto líder de la organización Los Zodiaco, no puede beneficiarse de este acuerdo.

"El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y ésta se acreditó con dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul en el proceso seguido por el secuestro de Christian y Shlomo; sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro, en el cual pues no se ha acreditado la tortura ni la violación al Protocolo de Estambul, por lo tanto, no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto", dijo.

jorge.monroy@eleconomista.mx