Hasta la semana pasada, personas que promovieron amparos contra la decisión del gobierno federal de cancelar los apoyos económicos a estancias infantiles habían conseguido 680 suspensiones definitivas en 12 estados, sin embargo, el gobierno federal está recurriendo a “chicanadas” para no acatar las disposiciones judiciales, afirmó Lía Limón.

La creadora del programa de Estancias Infantiles durante el sexenio del presidente Felipe Calderón dijo que de las suspensiones definitivas que han sido concedidas 130 en fueron en Chihuahua, 123 en Sinaloa, 120 en el Estado de México, 83 en la Ciudad de México, 70 en Nuevo León, 59 en Puebla, 50 en Guerrero, 25 en Colima, siete en Jalisco, seis en Veracruz, seis en Querétaro y cuatro en Oaxaca.

Dijo que no sólo están los procesos judiciales en esos casos, sino que se siguen presentando.

En entrevista dijo que una vez que se han obtenido las suspensiones definitivas lo que se espera es que a esas estancias infantiles que lograron obtener la protección de la justicia se les comiencen a otorgar los recursos a los que tienen derecho como lo establecían las reglas de operación del 2018, en los mismos términos y en los mismos montos en lo que se resuelve de fondo el amparo. Sin embargo, denunció que lo que pasa es que se están dictando suspensiones definitivas y no se están acatando, y están contestando con oficios para que se diga que están en vías de cumplimiento.

Incluso dijo que se está observando esa actitud de las autoridades federales aun cuando hay jueces que han sido muy específicos en el procedimiento que se espera de los funcionarios y dependencias aludidas. Citó el caso de un juez de Chihuahua que estableció: “Requiérase a las autoridades responsables” e incluye a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para que en un plazo de 24 horas realicen las acciones idóneas y eficaces a efecto de que den cumplimiento a la suspensión definitiva concedida por este órgano, apercibidos de que de no hacerlo se dará vista al Ministerio Público de la Federación por lo delitos que establece la fracción tercera articulo 162 de la Ley de Amparo”.

La activista mencionó que al cancelarse el programa de Estancias Infantiles se dejó sin espacios de cuidado infantil a 329,753 niños, lo cual atenta contra el principio del interés superior de la infancia.

Además, 34% de madres beneficiarias han dicho que tendrían que dejar su trabajo, afectando también la economía familiar, expuso.

Por otra parte destacó el caso de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice: “establézcase un mecanismo que permita restituir los derechos violados a niños niñas, madres responsables y trabajadores de las estancias infantiles”.

Además, señala la supervisión de esos centros y de garantizar que el servicio se utilice en servicios de cuidado y atención infantil.

La fecha limite que tenían para acatar la recomendación las secretarías de hacienda y del Bienestar era el pasado viernes 21 de junio pasado.

Destacó que en estos casos lo que se ha demostrado es que hay una grave violación a la ley, pero lo cierto es que a este gobierno la ley no le importa.

En su opinión, que un gobierno desacate un mandamiento judicial habla de un autoritarismo brutal, porque es asumir que no hay una división de poderes.

Dijo que lo grave es que como este gobierno no escucha todo se tiene que resolver por la vía legal. Lo que es muy grave es que no acaten las resoluciones judiciales, porque si no les parece que un ciudadano se los diga, pues sí lo tendrían que asumir cuando otro poder les dice que violaron la ley.

Al plantearle las inquietudes que circulan en redes sociales en el sentido de que se está asfixiando al Poder Judicial con tanto amparo promovido contra decisiones del gobierno, dijo que en todo caso quien lo está asfixiando son ellos (los funcionarios de gobierno).

Reiteró que la ciudadanía tiene derecho a acceder a la justicia y buscar los mecanismos legales, ejercer ese derecho que es un derecho fundamental establecido en la Constitución del país “y es lo que los ciudadanos estamos haciendo. Es un tema de ejercicio de derechos”.

[email protected]