México no ha cumplido debidamente con las víctimas y familiares de las más de 20,000 personas desaparecidas, exhiben organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales en el marco del Día Internacional de Desapariciones Forzadas.

La responsable de Estrategias Jurídicas de Amnistía Internacional México, Mónica Oehler, expresó que es preocupante la falta de transparencia en torno al número de desaparecidos que se ha modificado en diversos momentos del año.

Por su parte, Ximena Antillón, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, refirió que México debe aceptar la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales conforme al artículo 31 de la Convención Internacional para protección de todas estas personas.

El pasado mes de marzo del 2014, el Estado mexicano presentó a la ONU el Informe del Estado Mexicano sobre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas en Virtud del Artículo 291 de la Convención .

De acuerdo con Antillón, el Estado mexicano aseguró ante este comité, en una de sus evaluaciones, que ha cumplido con las recomendaciones que este organismo de las Naciones Unidas le ha efectuado, al reportar seis sentencias efectuadas por desaparición forzada en 40 años, ante el incremento de desapariciones, la cifra demuestra que México está mal parado , aseguran.

En este sentido, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, conformada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, a través de su Informe sobre Desaparición Forzada 2014 , exhibe que mientras, la sociedad civil registra del 2006 a la fecha una cifra que va desde las 10,000 hasta las 30,000 desapariciones forzadas.

Información de la Secretaría de Gobernación ha dado cuenta de hasta 26,000 desaparecidos y más de 100,000 ejecuciones, hasta la fecha, no se tienen datos oficiales y confiables .

Es así que las organizaciones que conforman la campaña solicitan que el Estado mexicano asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el periodo llamado ‘guerra sucia’, adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar el combate a la impunidad y las medidas de no repetición .

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