A dos años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, las deficiencias en las investigaciones de localización, como lo sería una ausencia de trabajo de campo y de pruebas, aunado a la falta de cifras precisas de desapariciones, son parte de los problemas que enmarcan la búsqueda de personas en México, advirtieron expertos durante el panel “Hasta encontrarlos-Desapariciones forzadas”.

Denise González Núñez, representante de la alta comisionada de la ONU-DH, indicó que México está ante un fenómeno acumulativo que tiene magnitudes inciertas, que enfrenta una serie de políticas públicas que aún están en proceso de definición e implementación, además de que hay procesos institucionales que son incompatibles con el acceso a la verdad y la justicia.

“Sabíamos que la publicación de la ley no iba a generar en automático una solución al problema (de las desapariciones). Hay ciertos avances positivos sin duda, pues hay expresiones de voluntad, pero la realidad es que las víctimas siguen esperando resultados (...) Hay una necesidad urgente de cumplir con las recomendaciones hechas por organismos internacionales”, agregó.

Manuel Vélez, en representación del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que las comisiones de búsqueda deben contar con mecanismos para sancionar el incumplimiento de la ley, además de crear esquemas de operatividad entre instituciones que permitan realizar análisis de búsquedas con un contexto más robusto, e ir más allá de un registro que sólo cuente personas.

“Hoy ya estamos contando fosas, pero hacen falta muchas más cosas que registrar, no sólo para tener datos, porque nos hemos convertido en unos buscadores, recolectores de datos, sin darles un contexto y una posibilidad de potenciarlos y accionarlos para lograr búsquedas y encontrar personas”.

Mientras, Carlos Dorantes, integrante de Artículo 19, urgió a que se genere un marco regulatorio de personas desaparecidas, como una prioridad, y con el fin de acceder a datos confiables.

“La claridad en las cifras no existe. Para los datos que sí tenemos no hay acceso (...) Toda información estadística de una institución es pública. Los problemas son las reservas o la protección de datos personales, lo cual no aplica en casos de desapariciones forzadas”.

Por otro lado, María Novoa, de México Evalúa, señaló que falta una estrategia de política criminal con procesos de investigación, de la mano de las fiscalías.

“Solución no es especializar. Los problemas son operativos y de incompetencias internas. No tenemos un modelo de investigación criminal. Los casos de desapariciones forzadas siempre están ligados a crímenes mayores. Se requiere investigación penal estratégica”.

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