A un año de la publicación de la Ley General contra la Tortura en México, organizaciones civiles denunciaron que autoridades han tomado medidas regresivas en el tema.

“A pesar de los avances en la materia, instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país”, comunicaron las ONG mediante una nota de prensa.

Sobre el máximo tribunal del país, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan o Fundar, Centro de Análisis e Investigación, entre otras más, indicaron que los ministros de la Corte aprobaron una tesis que va flagrantemente en contra del espíritu de la reforma en la materia.

“La tesis, que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)”, señalaron las ONG. 

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a conmemorarse el este martes 26 de junio, las organizaciones añadieron que en el caso de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia adoptó un Protocolo para investigar la tortura en la opacidad y contrario a la ley. 

“El Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de preinvestigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos”, precisaron.

Este Protocolo, agregaron las ONG, ha sido impugnado y se encuentra abierto un juicio de amparo sobre el mismo con el argumento de que se contrapone a la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.

Por último las organizaciones hicieron un llamado para que los candidatos a puestos de elección popular de todos los niveles se comprometan a erradicar los actos de tortura y a respetar las normas en la materia aprobadas hasta ahora.